San Salvador,- Los cuerpos de seguridad de El Salvador suman unas 45.000 detenciones de supuestos pandilleros en más de 100 días bajo un régimen de excepción, según informó la Presidencia este sábado.
La fuente indicó en un comunicado que desde el 27 de marzo, cuando el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales a petición del Gobierno de Nayib Bukele, «han sido capturados alrededor de 45.000 delincuentes».
Una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo se saldó con 87 víctimas. En respuesta, el Congreso aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
Según indicó el viernes en redes sociales el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, son 44.937 detenciones realizadas en más de tres meses de vigencia de la medida. Las autoridades han seguido informando en sus redes sociales sobre más detenciones.
El funcionario indicó que también se han incautado 1.038 armas, 1.235 vehículos, más de 44.000 porciones de droga y más de 1,5 millones de dólares en efectivo.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía General de la República (FGR), los tribunales salvadoreños han ordenado que 38.562 personas sigan en prisión mientras enfrentan un proceso penal en su contra.
Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.
Las oenegés salvadoreñas e internacionales han expuesto estas denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia pública en la que el Estado salvadoreño declinó participar, e indicaron que son más de 50 personas las detenidas que han fallecido bajo custodia estatal.
El mandatario salvadoreño ha señalado que se está cerca de ganar la «guerra contra las pandillas» con esta medida, que se ha visto acompañada de reformas penales para endurecer las condenas contra los pandilleros.
A inicios de junio, una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando «graves violaciones» a los derechos humanos en el marco del régimen de excepción, y advirtió sobre la posibilidad de «responsabilidad penal internacional».
