Bangkok, – «El número real de muertes es probablemente mucho mayor», insiste en sus comunicados diarios la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) de Birmania (Myanmar), que hasta hoy ha documentado al menos 2.040 asesinatos y más de 11.300 civiles detenidos por la junta militar.
La credibilidad de la documentación de la AAPP queda respaldada por los organismos de Naciones Unidas y otros organizaciones que citan los datos de la oenegé birmana en sus informes sobre el conflicto tras el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.
A través de un trabajo minucioso para corroborar los datos, la AAPP pone rostro, nombre, edad, sexo y causa de muerte a las víctimas civiles de la brutal represión desatada por el régimen castrense contra el pueblo birmano que se opone a la usurpación de poder.
«Los militares no quieren que el público sepa las atrocidades que están perpetrando, por lo que la junta se esfuerza mucho por cortar la información», apunta a Efe un portavoz de la asociación que pide ocultar su identidad por motivos de seguridad.
La AAPP, fundada el año 2000 por exprisioneros políticos en el exilio de la anterior junta militar que gobernó entre 1965 y 2011, ha logrado con los años formar una «sólida red» de miles de colaboradores en los diferentes estados y regiones de Birmania.
Esta amplia cadena de informantes, muchos instruidos en persona durante la década de incipiente democracia, son la piedra angular para que la asociación pueda «verificar» de primera mano las informaciones tras la sublevación militar que ha sumido en el caos el país.
«Nuestro principal reto es la preocupación por la seguridad de nuestros trabajadores sobre el terreno, pero también dificultades financieras. Desde el golpe, además debemos lidiar con restricciones de internet y apagones eléctricos», precisan.
MÁS DE 2.000 CIVILES MUERTOS EN 17 MESES
En su última actualización de hoy, la AAPP cifra en al menos 2.040 civiles muertos por la violenta represión desatada por el Ejército tras el golpe de Estado, mientras que al menos 11.338 personas se encuentran arrestadas, incluida la líder depuesta Aung San Suu Kyi.
Si bien el portavoz de AAPP remarca a Efe que los datos totales son «muy superiores» a esas cifras.
El golpe de Estado encabezado por el general Min Aung Hlaing puso fin a la frágil transición democrática en Birmania y sumió al país en una profunda crisis política, social y económica, al tiempo que ha abierto una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas.
«La lista de muertes de la AAPP es diferente de otros (grupos). Nosotros contamos las muertes por la represión militar contra el movimiento a favor de la democracia. Pero no contamos a los combatientes de la resistencia que murieron en conflicto», matiza el activista.
La AAPP tampoco computa las muertes de militares o presuntos colaboradores del régimen a manos de grupos disidentes.
En un informe del 14 de mayo, el Instituto de Estrategia y Política de Birmania (fundado en 2016) señala que el número total de victimas sería mayor que 5.600 al sumar las cifras de AAPP con las reportadas por el régimen golpista, el partido político vinculado a los militares y otras informaciones de muertes en combate.
El portavoz de la junta militar, Zaw Min Tun, rechazó en un mensaje enviado a Efe las cifras proporcionadas por AAPP y las califica de «falsas» y «desproporcionadas».
REDES SOCIALES Y LA REVOLUCIÓN AZAFRÁN
Soldados y policías han disparado directamente a matar contra los manifestantes pacíficos y, en muchos casos, tras la escaramuza han sido pillados en caliente cargando los cuerpos sin vida de las víctimas en camiones, según varios vídeos publicados en las redes sociales. El objetivo es, supuestamente, hacerlos desaparecer.
«En algunos casos podemos verificar (la identidad de) los muertos antes de que sean escondidos», asegura el representante de la AAPP al reconocer las «dificultades» y que en ocasiones han cometido errores al contabilizar «individuos con vida» como víctimas mortales.
Las redes sociales, explica, «nos dan pistas y hace más sencillo tener un seguimiento. Pero debemos andar con cuidado, a veces los militares usan propaganda en internet para diseminar su desinformación».
Antes del golpe de Estado de 2021 y su brutal represión, la AAPP ya tenía una larga experiencia en verificar las muertes de la opresión militar como sucedió, por ejemplo, durante la revolución Azafrán en 2007, que fue duramente aplacada por la anterior junta militar.
«Durante 2007 era más sencillo. Esta vez recabar información dentro del país es muy complicado. La infraestructura dentro del país está en descomposición y ello nos causa muchos problemas», reconoce.
