En 2016, el Ministerio Público intervino el establecimiento Night Club Casa Blanca, que operaba en el municipio Licey al Medio, en Santiago, y dijo que rescató a 45 mujeres de nacionalidades venezolana y colombiana que supuestamente eran explotadas sexualmente por varias personas.
El Ministerio Público afirmó hoy en un documento que Juan Antonio Fernández Fernández deberá cumplir una condena de 20 años de reclusión mayor, además de pagar una multa de 175 salarios mínimos y una indemnización de 14,000,000 millones de pesos en favor de dos de las víctimas.
La imputada Grismelda Acarilis Merejo Salas deberá cumplir 15 años de prisión y pagar 175 salarios mínimos; María Magdalena Bautista Bautista fue sentenciada a 10 años de cárcel y el pago de 50 salarios mínimos.
Mientras, el venezolano José Ramírez y Jairo Rafael Correa deberán cumplir penas de 7 años de cárcel, así como el pago de 75 salarios mínimos.
El grupo delictivo fue acusado de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y otras sustancias controladas y otras infracciones graves, así como de violar la ley sobre comercio, porte y tenencia de armas.
El Ministerio Público aseguró que presentó pruebas de diferentes naturalezas que le permitieron probar que los miembros de la desarticulada organización criminal se dedicaban a captar, transportar, trasladar, receptar y acoger a mujeres en extremadas condiciones de vulnerabilidad de países como Colombia y Venezuela.
Las mujeres eran explotadas sexualmente, además, de ser sometidas a condiciones de coacción y amenazas, afectando la dignidad de estas víctimas, para lucrarse con su explotación.
Al dictar la sentencia, el tribunal, integrado por los jueces Osvaldo Castillo (presidente), Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, enfatizó la gravedad de la trata de personas, y la importancia de proteger y salvaguardar los derechos de las víctimas de este delito.EFE
