Explica que por esa razón ni siquiera se opuso a una solicitud de petición de varias resoluciones interpuesta por el imputado por corrupción Jean Alain Rodríguez
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El procurador adjunto Wilson Camacho resaltó hoy que, apegado a su principio de respetar y defender el debido proceso, el Ministerio Público ni siquiera se opuso a una solicitud de petición de varias resoluciones planteadas por la defensa del imputado Jean Alain Rodríguez ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
“Lo que se estaba conociendo hoy en el tribunal era una solicitud de petición de resoluciones que hizo el imputado Jean Alain Rodríguez. A varias de esas solicitudes el Ministerio Público ni siquiera se opuso, no se opuso porque el Ministerio Público, este Ministerio Público es un defensor del debido proceso”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Explicó que las solicitudes incluían, por ejemplo, que el imputado por corrupción administrativa quería tener más tiempo con sus defensas. “Nosotros le dijimos al tribunal que no teníamos ningún inconveniente con eso”, apuntó.
El imputado arrestado en la Operación Medusa también solicitó más tiempo en el centro de privación de libertad para revisar la amplia cantidad de documentos depositada por el Ministerio Público. “Dijimos que no teníamos ningún inconveniente con eso”, reiteró.
“Le pidieron al tribunal que el Ministerio Público entregara documentación que tiene en su poder, y nosotros le habíamos dicho, previo a esta audiencia, a la defensa de Jean Alain, que no teníamos ningún inconveniente en entregar los documentos y le dijimos al tribunal, le reiteramos al tribunal, que no tenemos ningún inconveniente en entregar los documentos, porque el Ministerio Público ni siquiera se opuso a esos pedimentos”, añadió.
Sin embargo, explicó que la defensa hizo pedimentos irracionales, “como que el tribunal ordenara a instituciones como DGII o Superintendencia de Bancos que hiciera cosas, y esas son cuestiones que se le estaban pidiendo al tribunal, que hiciera diligencias que les estaban prohibidas al tribunal, el Ministerio Público se opuso y el tribunal las ha rechazado”.
El conocimiento de la petición de resoluciones del exprocurador Rodríguez Sánchez estuvo a cargo de la jueza Altagracia Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
En la audiencia además del procurador adjunto Wilson Camacho, representaron al Ministerio Público la procuradora general de corte Mirna Ortiz y el fiscal Emmanuel Ramírez.
El exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez es procesado junto a varios funcionarios de su gestión al frente del Ministerio Público en el período del 2016 al 2020.
Rodríguez Sánchez, Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, y Jonathan Joel Rodríguez Imbert, ex director administrativo, cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.
La ingeniera Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que los ex subdirectores administrativos Alfredo Alexander Solano Augusto y Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.
El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Igualmente, involucra a Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.
El expediente del Caso Medusa expresa que los procesados integraban una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano persecutor de la corrupción administrativa les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado, entre otras normas.
