Bangkok.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el alto tribunal de la ONU, inicia mañana unas vistas en La Haya sobre el presunto genocidio contra la minoría rohinyá en Birmania (Myanmar), en medio de la controversia de que el país pueda estar representado por la junta militar y no por el bando prodemocrático.
La participación, presencial o telemática, de representantes de la junta birmana supondría un reconocimiento internacional de los generales que tomaron el poder en un golpe de Estado en febrero de 2021, lo que ha sido criticado por varios juristas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
«Desde el día del golpe, el pueblo birmano ha rechazado claramente a la junta, dejando claro que los militares no lo representan», indicó a Efe el presidente de la Organización Birmana Rohinyá UK (BRUK, siglas en inglés), el rohinyá Tun Khin.
«Todos en la comunidad internacional, incluida la CIJ, debería escuchar (al pueblo birmano) y no otorgar ninguna legitimidad a la junta», precisó en un correo electrónico el activista, quien recordó que lo importante es hacer justicia con el pueblo rohinyá.
APÁTRIDAS Y DISCRIMINADOS
Los rohinyás, en su mayoría apátridas y discriminados en su país, sufrieron unas brutales operaciones militares en 2016 y 2017 que han sido calificadas por la ONU como campañas de limpieza étnica con «marcas de genocidio» que provocaron un éxodo masivo a la vecina Bangladesh.
Muchos activistas han reaccionado con estupor ante la noticia de que la fiscal general, Thida Oo, y el ministro de Finanzas, Win Shein, formarán parte de la delegación de la junta militar birmana que sustituirá a la derrocada líder Aung San Suu Kyi, quien en diciembre de 2019 representó a Birmania en La Haya.
Sin embargo, la CIJ no ha confirmado oficialmente quién va a representar a Birmania, cuyo asiento en la ONU aún está ocupado por Kyaw Moe Tun, el embajador del Gobierno derrocado.
Chris Sidoti, que participó en una comisión de expertos la ONU que investigó el presunto genocidio contra los rohinyás en 2016 y 2017, afirmó esta semana que Birmania debería estar representada por el llamado Gobierno de Unidad Nacional (NUG, siglas en inglés), formado por parlamentarios derrocados y activistas prodemocráticos.
«Sería una pantomima que los militares sean aceptados por la Corte Internacional de Justicia como representantes de Birmania», dijo en una entrevista Sidoti, quien precisó que la junta no ha sido reconocida por ningún órgano de Naciones Unidas, incluidos la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.
El jurista argumentó que la junta no tiene legitimidad, al haber tomado el poder en un golpe ilegal, y ni siquiera controla gran parte del territorio del país debido a la oposición de guerrillas y milicias civiles a favor del Gobierno de Unidad Nacional.
Entre el 21 y 28 de febrero, la CIJ tiene previsto abordar las objeciones interpuestas por Birmania contra el inicio del proceso que aborda una denuncia de Gambia contra Naipyidó por violar presuntamente la Convención sobre el Genocidio contra los rohinyás, una comunidad mayormente musulmana.
La vista, que será retransmitida por la web del tribunal, comenzará el lunes con la participación de los representantes birmanos, mientras que Gambia intervendrá a partir del miércoles ante la corte, compuesta por 15 jueces.
EL GOBIERNO «DEMOCRÁTICO»
A comienzos de este mes, el Gobierno de Unidad Nacional defendió que es el legítimo representante del pueblo birmano y expresó su compromiso a retirar las objeciones presentadas contra el inicio del proceso.
«El NUG desea aclarar a los ciudadanos de Birmania y a la comunidad internacional que es el representante legítimo de Birmania ante la CPI en este caso», precisó el «Gobierno democrático», que aseguró que el tribunal ha estado comunicándose con la junta.
Gambia presentó la denuncia noviembre de 2019 ante la ICJ, un tribuna que aborda litigios entre países pero no entre entidades o grupos y no implica cargos penales contra individuos.
La acusación se basa en una serie de «operaciones de limpieza» en Arakan durante los años 2016 y 2017 como respuesta a ataques del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán (ARSA) contra puestos policiales y militares.
Las campañas empujaron a más de 800.000 rohinyás a huir a la vecina Bangladés, donde permanecen como refugiados, y provocaron el asesinato de al menos unas 10.000 personas, según el informe de una comisión de investigación de la ONU hecho público en 2018.
El informe acusaba al Ejército de crímenes de guerra, contra la humanidad y de haber actuado con «intención genocida».
Entretanto, varios generales del Ejército birmano se enfrentan a posibles acusaciones de crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI), también radicado en La Haya, y a una denuncia en Argentina según el principio de justicia universal.
Entre los acusados se encuentra el líder del golpe de 2021 y jefe de la junta, el general Min Aung Hlaing.
Gaspar Ruiz-Canela
