En Especial
Cristhian Jiménez
Santo Domingo. Al fin, caminamos lentamente hacia la igualdad ante la ley, derecho constitucional ignorado desde siempre. “Unos menos iguales que otros”, le han espetado en la cara a los reclamantes de trato igualitario en tono burlón.
Al margen de los resultados finales de los procesos penales abiertos: civiles y militares, generales y rasos y personajes de poder político y económico e hijos de vecinos comienzan a recibir tratos similares.
Inquieta, molesta y se generan murmuraciones en determinados círculos que presumían de ser inalcanzable ante el brazo de la justicia. Empero, genera esperanza que la corrupción puede ser combatida y que algún día podríamos ver el fin de la impunidad.
Los mensajes son fundamentales: cuidar a un presidente no te hace infalible, el uniforme precisa de obligaciones en el comportamiento, las creencias religiosas no son eximentes y los fondos públicos se respetan.
El paciente trabajo del ministerio público, que encabeza Miriam Germán evidencia frutos con respeto al debido proceso, con arrestos después de innumerables entrevistas a sospechosos o mencionados en irregularidades administrativas.
El caso Coral, que tiene como imputado principal al exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial, mayor general Adán Cáceres, en el cargo 8 años, y que ha continuado como responsable de la protección del expresidente Danilo Medina, es ejemplarizante por su rol pasado y presente y por la tradición militar y política respecto de quienes han desempeñado esas influyentes posiciones.
Cáceres, la pastora Rossy Guzmán Sánchez y su hijo, cabo policial Tanner Flete Guzmán; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza, el sargento de la Armada Alejandro Montero Cruz y el mayor del Ejército Raúl Girón Jiménez son acusados de variados hechos de corrupción.
El grupo fue apresado el 24 abril, y al día siguiente el Partido de la Liberación Dominicana, que preside Medina alegó persecución política y luego refrendó un fallido comunicado de la defensa técnica de Cáceres mediante un tuit que posteriormente fue borrado. Institucionalmente el PLD no ha vuelto a referirse al tema, aunque sus voceros cuestionan el proceso.
Los abogados defendieron su acumulación económica y alegaron “servicio a la Patria” de Cáceres al encabezar tropas de intervención en Irak en la administración de Hipólito Mejía, hecho que provocó la renuncia del entonces canciller Hugo Tolentino por ser una mascarada norteamericana sin apoyo de la ONU. Mejía, además eludió la aprobación del Congreso Nacional.
Al iniciarse los debates Cáceres y la pastora defendieron sus fortunas, pero el jueves la situación dio un giro inesperado y contundente contra los imputados, cuando el mayor Girón Jiménez admitió los hechos y ofreció amplias explicaciones de las operaciones del grupo.
El militar ofreció numerosos nombres y dijo que la situación se mantiene en Cestur y CUSEP y concluyó que el ministerio público tiene las pruebas de todo lo que él dijo. Alegó que si negaba a participar en aquel momento le matarían.
Cáceres se sintió indignado por los pronunciamientos de Girón, que confirmaba con datos viejos esquemas de corrupción desde el siglo pasado, aunque nunca antes planteado ante un mayor general en activo procesado y esposado.
El ministerio de Defensa se vio precisado a un inusual comunicado ante “expresiones de preocupación y críticas sobre el rol e integridad de las Fuerzas armadas” y explicó que el Estado Mayor General de las Fuerzas Amaradas garantiza” que quienes se aparten de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, NO encontrarán cobijo en las filas militares y tendrán que responder ante la justicia”
El presidente Luis Abinader ha guardado distancia respecto al tema.
Parece que comenzamos a cambiar.
