Por Julio Minaya

Santo Domingo.  La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres desarrolla una histórica jornada de lucha por la despenalización del aborto en tres causales. Se trata de un asunto crucial para la salud y la vida de nuestra población femenina, donde quedan seriamente implicados conceptos y expresiones como dignidad de la persona, derechos humanos y libre albedrío ¿Con qué derecho sectores religiosos y políticos se empecinan en imponer a la mayor parte de la ciudadanía sus cosmovisiones y posturas sobre un tema tan vital para la sociedad en su conjunto? Se recuerda la práctica de sectores religiosos en llamar a los electores a no votar por candidatos “enemigos de la vida” por simpatizar por el aborto en sus tres causales. Todavía intentan manipular a la ciudadanía como si fuéramos idiotas y tratar a las mujeres al estilo de siervas modernas. Se pretende imponer un tutelaje sobre las mujeres que rememora los tiempos de la Inquisición.

No se debe conminar a ninguna mujer para que se someta a una interrupción del embarazo, en alguna de las causales, si ella no está de acuerdo por razones religiosas, morales o de otra índole. Pero los que impugnan las tres causales, erigiéndose en señores y jueces de lo que debe y no debe hacerse, quieren impedir que las mujeres que sí están de acuerdo con dichas causales recurran libérrimamente a su implementación. Se evidencia el carácter democrático de la primera postura, y el carácter despótico y autoritario de la segunda.

Producto de intensas presiones, hemos visto cómo se ha traído desde Argentina un conferencista para convencer a los diputados del carácter maligno encerrado en la interrupción del embarazo bajo las tres causales. Dos días luego se adoptó la decisión de someter a discusión el Código Penal, pero con una sola causal. Se pretende una vez más, doblegar la voluntad y el libre albedrío de la mujer. No importan aquí ni su consentimiento, ni el sentimiento de amor que debe acompañar al acto de engendrar un nuevo ser humano. Violentada física, psicológica y moralmente, denigrada en su dignidad y humillada hasta la abyección, toda mujer víctima de un pariente o delincuente que la ha violado, no tendría ninguna opción de interrumpir un embarazo no deseado.

Formamos parte, junto con Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití, del grupo de países de la región que rehúsan despenalizar el aborto en las tres causales ¿Por qué en nuestro país hay sectores empeñados en seguir tratando a las mujeres como si fueran “incubadoras”, “gallinas ponedoras” o simples instrumentos empleados para propagar la especie? ¿No encierra esto una grosera discriminación? ¿Qué entender por dignidad humana referida a la mujer?, ¿Cuál es el alcance de los derechos humanos que les asisten?, ¿Solo los hombres pertenecemos al “reino de los fines” postulado por Kant, en tanto las mujeres, convertidas en medios o cosas, podrían ser manipuladas y usadas sin escrúpulos?

Pienso que no tardará en llegar el tiempo en que, como en el caso Galileo, se haga un justo desagravio a la mujer, no solo por las humillaciones y discriminaciones a que las somete el ego machista y patriarcal imperante en nuestro entorno sociocultural, sino además por tantas muertes violentas ocurridas cotidianamente en el seno del hogar y en las clínicas y hospitales cuando acuden a realizarse abortos clandestinos o a dar a luz.

Hago un llamado al mundo intelectual progresista del país, y en general a toda la ciudadanía de buena voluntad, a dar un respaldo entusiasta a los movimientos feministas que luchan por el respecto a la vida, la salud y sus derechos inalienables. Este apoyo es un imperativo ético del momento, dado que la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados acaba de mutilar el proyecto acogiendo solo una de las tres causales propuestas. Exhortamos al presidente Luis Abinader a ejercer su derecho a veto en caso de que el Congreso Nacional apruebe el Código Penal con estas falencias. Aprovechemos esta oportunidad histórica y dejemos atrás la presente etapa llena de oprobio en perjuicio de las mujeres en nuestro país.

Nota:

Julio Minaya, PHD 

Profesor de Filosofía y Ética en la Universidad Autónoma de Santo Domingo

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