Atenas- Cinco años después de estallar la crisis migratoria y lejos de que Europa muestre visos de ponerse de acuerdo sobre un reparto solidario de los refugiados, las autoridades griegas han recurrido a medidas denunciadas como ilegales para solucionar el problema a su manera: las devoluciones en caliente están a la orden del día.

La práctica no es nueva, ya la usaban los gobiernos precedentes. Lo nuevo es la frecuencia con que ocurren y el apoyo velado que recibe el Ejecutivo conservador de sus socios europeos, que, según denuncian multitud de organizaciones de la sociedad civil, prefieren mirar para otro lado.

GOLPES Y ABANDONO EN EL MAR

Según testimonios recogidos por varias organizaciones encargadas de monitorear el mar Egeo, como Aegean Boat Report, los métodos son cada vez más evidentes y brutales.

En numerosos vídeos, facilitados a veces por la guardia costera turca pero también por los propios afectados que se los entregan a ONG, se puede ver cómo hombres encapuchados en embarcaciones de los guardacostas helenos golpean con palos a los refugiados que esperan en los botes a ser rescatados.

En algunos casos se ve como les obligan por la fuerza a subirse en balsas salvavidas; las comienzan a remolcar como si fuera una operación de rescate, pero al poco tiempo los guardacostas cortan el cabo de arrastre abandonando a los migrantes a su suerte cerca de las aguas turcas.

“Han tirado todo, las bolsas, los teléfonos, todo… Es una vergüenza para la ONU, pero también el pueblo griego debería sentir vergüenza. Es una vergüenza para todos. No es humano. Es inhumano”, relata un migrante en un mensaje de vídeo grabado desde una de estas balsas y recogido por la organización griega “Disinfaux collective”.

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En al menos tres casos, en las islas de Symi, en el archipiélago del Dodecaneso, o en Samos y Quíos, en el mar Egeo, los refugiados habían conseguido llegar a tierra. Prueba de ello son fotografías que habitantes locales facilitaron a las ONG y a medios.

Al día siguiente estas mismas personas aparecieron en vídeos de rescates de la Guardia Costera turca.

CLAMOR INTERNACIONAL

Ante la multiplicación de las denuncias sobre este tipo de prácticas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y numerosas ONG han pedido al Ejecutivo heleno una investigación a fondo.

“Hemos recibido muchos testimonios según los cuales miembros de la Guardia Costera griega están implicados en actos que ponen en riesgo la vida y la seguridad de migrantes”, declaró a Efe Eva Cossé, portavoz de la ONG Human Rights Watch (HRW) en Grecia.

Cossé destacó que la Justicia griega debe investigar con imparcialidad y transparencia todas las denuncias sobre expulsiones masivas, devoluciones en caliente u otros actos que ponen en peligro la vida de migrantes, y pide la persecución penal de todos los agentes implicados en este tipo de acciones.

La representante de HRW pidió asimismo al Parlamento que examine si estos actos ilegales “son de facto política gubernamental”.

Mientras, según los datos oficiales, desde mediados de marzo apenas hubo tan solo 300 llegadas a las islas del mar Egeo, todas ellas a Lesbos.

“El Gobierno dice haber reducido las llegadas de refugiados, pero no admite que lo ha conseguido con procedimientos ilegales”, señaló a Efe Dimitris Jristópulos, profesor en la universidad Panteion de Atenas y expresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos.

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Jristópulos recordó que las devoluciones en caliente contravienen el Derecho europeo y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y añadió que “la Unión Europea tolera la actuación ilegal del Gobierno porque le conviene”.

OIDOS SORDOS DEL EJECUTIVO

Para el Gobierno griego, en cambio, todas estas denuncias son mera propaganda turca.

“Hay una propaganda por parte del país vecino que pretende hacer creer que Grecia no respeta sus obligaciones internacionales”, ha declarado repetidamente el ministro de Migración, Notis Mitarakis.

Mitarakis ha reconocido, sin embargo, que es “objetivo nacional” reducir las llegadas de refugiados -en un 90 % en los últimos tres meses- y ha recalcado que “el país tiene el derecho a proteger sus fronteras marítimas y terrestres”.

Como si su drama personal no fuera suficiente, los refugiados que intentan llegar a Europa a través de Turquía se han convertido desde hace meses en arma arrojadiza de la tensión verbal entre Atenas y Ankara, sobre todo los contenciosos entre ambos países, que incluyen la delimitación de sus fronteras marítimas, sus espacios aéreos, las plataformas continentales y las respectivas zonas económicas exclusivas.

Yannis Chryssoverghis e Ingrid Haack

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