ESPAÑA.-La Audiencia de Palma ha decidido mantener la imputación de Cristina la hermanita del rey, en el caso Nóos por delito fiscal de cara al proceso judicial sobre la causa, y descarta asimismo la relativa al blanqueo de capitales. Ha resuelto así los recursos planteados sobre la situación de la hermana del rey Felipe VI al auto de finalización de la instrucción, redactado el pasado mes de junio por el juez Castro.
El magistrado imputó a Cristina en enero por segunda vez tras una primera No imputación por un «doble efecto fiscal defraudatorio» y por un delito de blanqueo de capitales.
La Audiencia ha decidido mantener lo primero, pero ha echado atrás lo segundo. Aunque no hubo reparto de beneficios en Aizoon, sí que hubo gastos de dinero, entre ellos algunos de carácter personal de Cristina era socia al 50% con su marido, Iñaki Urdangarin, de la empresa Aizoon S.L., que nunca repartió dividendos desde que se fundó en 2003. Por eso, ninguno de los cónyuges reflejó nada en sus declaraciones de IRPF.
Castro calificó a Aizoon de «sociedad pantalla con disfraz mercantil». Aunque no hubo reparto de beneficios, sí que hubo gastos de dinero, entre los que se registraron, según las facturas incluidas en el sumario, algunos de carácter personal que, según el juez, se «disfrazaron» como gastos derivados de la actividad de la empresa aunque «ni por asomo» lo eran. De todo esto se deriva lo que el juez apreció como doble fraude. Si se hubieran repartido los beneficios de manera oficial, explicó, eso «habría incrementado ostensiblemente las bases imponibles de las declaraciones de IRPF».
Por otro lado, al imputar gastos personales como si fueran de la empresa, se lograba reducir los beneficios de la misma y «minorar la base imposible del impuesto de sociedades».
El Código Penal señala que el delito fiscal puede suponer, si la deuda contraída con Hacienda supera los 120.000 euros pero es inferior a 600.000, un mínimo de un año de prisión y un máximo de 5 años de cárcel, además de una sanción económica de hasta el séxtuplo de la cantidad distraída a Hacienda. Respecto al blanqueo de capitales, está castigado con una pena de cárcel de seis meses a seis años y una multa que puede ascender al triple del dinero blanqueado.
¿Se sentará en el banquillo o no? Ahora es el turno de las partes acusadoras, que tienen que presentar sus escritos de acusación para proponer qué personas quieren que sean juzgadas, por qué delitos y qué penas solicitan para ellas. Después, el juez tiene que decidir si quien formula acusación contra la infanta tiene «legitimidad» o no para ello, según ha recordado el abogado de la infanta, Miquel Roca. Entrarían en juego así las denominadas doctrina Botín y doctrina Atutxa. La Fiscalía Anticorrupción, en principio, no aprecia indicios de criminalidad en las actuaciones de la infanta, por lo que su pretensión es no pedir que se siente en el banquillo.
el plan era solicitar su declaración como testigo y una fianza de responsabilidad civil por haberse lucrado, aludiendo al artículo 122 del Código Penal.
