San Francisco de Macorís.- El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), declaró que al alcalde de San Francisco de Macorís y a otros dos funcionarios de ese organismo acusados de malversar más de RD$100 millones, les fueron impuestas como medida de coerción, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país, pese a que habían solicitado contra todos los imputados un año de prisión preventiva.
En tal sentido, informó que analizan y ponderan la decisión del juez Claudio Aníbal Medrano, para determinar si proceden o no a apelar dicha decisión.
Los procesados, el alcalde Félix Rodríguez Grullón, el ex encargado de nómina, Gerson Lizardo, y la tesorera Fior Daliza Genao, están acusados de malversar más de RD$100 millones en perjuicio del Estado dominicano, violando con ello las disposiciones establecidas en los artículos 123, 145,150, 166,167, 169, 170, 171 y 174, así como 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
Dentro de las medidas coercitivas dictadas por el juez Claudio Aníbal Medrano, al alcalde Rodríguez Grullón, también le fue impuesta una garantía económica de cinco millones de pesos, así como presentación periódica e impedimento de salida del país, al igual que a Gerson Lizardo y a Genao, quienes además deberán pagar una garantía de 500 mil y 200 mil pesos, respectivamente.
Durante el desarrollo de la audiencia el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Joel López y Narciso Escaño, así como por el procurador de Corte de Apelación de la provincia Duarte, Wascar Fernández.
Los debates sobre el caso iniciaron ayer a las 2:00 de la tarde y concluyeron a las 12:20 de la noche, siendo dictada dicha sentencia a las 3:00 de la madrugada de hoy, con la imposición de las medidas de coerción a los imputados de corrupción.
La pasada semana la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dirige la magistrada Laura Guerrero, solicitó y obtuvo orden de arresto contra los ediles.
Dicha solicitud se hizo luego que el Ministerio Público comprobara que en el período comprendido de enero 2007 a noviembre 2011, en el Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís, los imputados realizaron un fraude electrónico en la nómina del personal de dicha alcaldía, por un monto aproximado de 25 millones de pesos, cuya irregularidad fue reflejada por una auditoría realizada por la Cámara de Cuentas.
Además entre las pruebas obtenidas tras las investigaciones se destaca que “hubo pagos realizados sin soportes justificativos de más de 8 millones de pesos, así como la falta de registro del pasivo de los compromisos contraídos con el Banco de Reservas para el pago de la regalía pascual de los empleados, ascendentes a un monto de 28 millones, de manera que transparente las amortizaciones mensuales aplicadas».
Asimismo, entre otros, se determinó que no disponen de las tablas de amortizaciones de los préstamos para controlar los pagos mensuales durante el indicado período.
