Santo Domingo.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) se querelló en contra del sindico de San Francisco de Macorís, Félix Manuel Rodríguez, quien está acusado, junto a 2 funcionarios de ese cabildo, de actos de corrupción.
La FJT informó en un comunicado que recurrió, además, la medida de coerción, mediante la cual se le impuso garantía económica y presentación periódica a los acusados.
Para dicha organización de la sociedad civil, «en el caso parece haber intentos de favorecer indebidamente y de complicidad con el poder político en beneficio del señor Félix Manuel Rodríguez, denotando señales preocupantes de posible impunidad, en un caso donde se imputan serios y graves hechos de corrupción».
El abogado apoderado de la FJT, Francisco Leger Carrasco, dijo que se trata de una medida insuficiente, que ignora decenas de documentos probatorios lícitamente obtenidos, entre ellos el informe definitivo de la Cámara de Cuentas, que prueba, según consideró, la comisión de hechos gravísimos de corrupción en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, durante la gestión de Rodríguez.
Para Leger Carrasco «resulta que la graciosa medida de coerción impuesta al señor Félix Manuel Rodríguez le permite continuar manejando el presupuesto del Ayuntamiento, a pesar de que no habrían garantías de mantener las posibles pruebas libres de contaminación, dejándole la capacidad al alcalde de juez y parte en la acusación de hechos de corrupción cometidos durante su gestión, hechos que envuelven más de 100 millones de pesos».
Sostuvo que «tanto por el monto involucrado en el hecho como por la alarma social provocada, el juez apoderado debió haber entendido, de que no se puede actuar con condescendencias con el alcalde de San Francisco de Macorís, porque la imputación es grave, hay pruebas suficientes y la defensa del patrimonio nacional exige tomar medidas restrictivas, contra quienes sean imputados de desfalcar el erario público».
La revisión de la medida de coerción, que en esta nueva etapa conocería la Suprema Corte de Justicia, aduce además que el imputado originalmente se sustrajo a la acción judicial, escapando durante semanas, hasta que fue llevado al Tribunal por un grupo de políticos de notoriedad y estima públicas indudables, precisó
En cuanto a la querella interpuesta, la FJT justificó su intervención en las facultades de control social y lucha anticorrupción, así como en diferentes normas nacionales e internacionales, y solicitó al Juez Instructor Especial apoderado del caso una indemnización de cien millones de pesos «a favor exclusivamente de San Francisco de Macorís, para que, de haber condena contra los imputados, se distribuyan en la provincia en obras contratadas bajo la modalidad del presupuesto participativo».
De acuerdo al comunicado, la FJT renuncia a cualquier beneficio derivado de las probables condenaciones porque, según Leger Carrasco «San Francisco de Macorís merece que el dinero sustraído, sea reintegrado al desarrollo local».
De acuerdo a la querella interpuesta, «la FJT no pretende ganancia económica con esta acción, sino consolidar el Estado de Derecho y lograr que se sancione la corrupción».
La FJT solicitó otra vez al consejo de regidores del ayuntamiento de San Francisco de Macorís suspender al síndico.
