POLITICA Y DINERO

POR JUAN TH
SANTO DOMINGO. En un país donde abundan la miseria y los miserables, mezclados en un extraño cambalache donde el dinero es lo único que los une, pero al mismo tiempo los separa, nada parece ser verdad y nada parece ser mentira. Es un extraño juego de palabras, un sortilegio de la política y la corrupción de quienes dominan el escenario político.
La política es cosa de gente con dinero. El derecho de todos los ciudadanos de elegir y ser elegido, consagrado en la Constitución de la República, debió ser limitado a los que poseen mucho dinero. Los pobres sólo tienen derecho a elegir a los ricos, jamás a ser elegidos.
El dirigente o militante del PRD que no tenga mucho dinero no puede ser candidato a nada. Tiene que pagar una cuota de dinero que no tiene, a menos que no lo consiga con el narcotráfico. Ahora el que no tiene un millón 500 mil pesos no puede inscribir una candidatura presidencial,  según acordaron los miembros de la Comisión que organiza la Convención donde se elegirá el candidato presidencial del PRD.
Lo mismo sucede en las demás organizaciones políticas. Es por eso que la Constitución tiene que ser modificada y señalar que el derecho de elegir y ser elegido será para los que dispongan de cien o mil millones de pesos.
El voto preferencial es el voto del dinero, venga de donde venga: Del robo de los fondos públicos, del narcotráfico, el lavado o el crimen.
Es bien sabido que el narcotráfico, el lavado de activo y el crimen  han  financiado, no sólo el crecimiento económico del país, sino a muchos alcaldes, diputados, senadores y aspirantes a la nominación presidencial de más de un candidato. Fenómeno que a pocos parece importarle.
No hay transparencia en el gasto de los políticos que aspiran a cargos públicos.  Una ley rigurosa  debería regular la materia. La ley de partidos políticos que  se aprobará en los próximos meses regulará el uso del dinero, como en otros países. (Como Santo Tomás, lo creeré cuando lo vea)
Lo ideal es que un candidato no pueda gastar cuando quiera. Y que además tenga que ofrecer detalles rigurosos sobre la procedencia de esos recursos que, insisto, tienen que estar limitados para garantizar equidad y transparencia.
Como ciudadano tengo derecho a saber, por ejemplo, cuando ha gastado hasta este momento y cuando gastará en todo el proceso electoral interno José Tomas Pérez, Danilo Medina, Franklin Almeyda, Francisco Domínguez Brito,  Margarita Cedeño de Fernández, entre otros  oficialistas. Tengo derecho a saber de dónde saca Freddy Pérez y Félix Bautista dinero para promover la reelección del presidente de la República. ¿De sus bolsillos?
Tengo derecho a saber cuántos millones ha gastado Miguel Vargas en las campañas electorales que ha participado en los últimos años, incluyendo las campañas internas del PRD. ¿La fortuna de este hombre es inagotable? De igual modo quisiera saber cuántos millones, muchos o pocos, ha gastado Hipólito Mejía y cualquier otro candidato opositor.
Y lo qué es más importante, ¿de dónde sale el dinero de los políticos? ¿Quién o quiénes están financiando las campañas de los políticos? ¿El Estado a través de la corrupción? ¿O lo hace el narcotráfico, el lavado de activos y el crimen? ¿Cree usted que algún político esté poniendo en riesgo su patrimonio y el de su familia para financiar su campaña electoral? ¿Los empresarios, que siempre juegan a ganar poniendo huevos en distintas canastas, están patrocinando las campañas electorales?
Sea como sea, muchos candidatos no tienen manera de explicar la inversión de cientos de miles de pesos en la campaña electoral interna  tanto en el PLD, como en el PRD.
La Comisión Organizadora de la Convención del PRD  no puede hacerse de la vista gorda ante lo qué está pasando en ese partido. El dinero no puede ser un factor en la elección del candidato. El ganador no puede ser el que más dinero tenga para comprar votos.  Una Convención no es una subasta, ni un mercado, es una actividad democrática donde la gente acude libérrimamente a votar por el candidato de su preferencia.  La Comisión Organizadora de la Convención  no puede permitir que nadie compre la voluntad popular, como se pretende.