Tegucigalpa.- El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos dijo este miércoles que controlar las pandemias del coronavirus y el dengue en Centroamérica y lograr una reapertura «prudente, gradual y responsable» de la actividad económica requiere medidas que protejan y respeten los derechos de la población.
«La legitimidad de las medidas para contener y controlar la COVID-19 y dengue y para (lograr) una reapertura prudente, gradual y responsable de las actividades económicas y sociales requiere de medidas centradas en la protección y respeto de los derechos humanos de toda la población», indican los procuradores de la región, en una declaración conjunta divulgada en Tegucigalpa por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el país (Conadeh).
Los principales derechos a proteger son el de la vida, la salud, el agua, la alimentación adecuada, la información y el desarrollo, según los procuradores.
Las medidas tomadas por los países centroamericanos deben ser fundamentadas en «evidencia científica», de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional y las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).
Además, deben ser aplicables a la realidad y necesidad de los pueblos centroamericanos, así como a la situación de pobreza que experimentan diferentes sectores de la región, señalaron los procuradores.
La propagación de la COVID-19 avanza por Centroamérica, donde se reportan más de 34.000 casos positivos y 1.085 fallecimientos a causa de la mortal enfermedad, según cifras oficiales.
CORRESPONSABILIDAD
Los procuradores indicaron que «hay corresponsabilidad y deberá responderse ante sus consecuencias por el cuidado en que la decisión, su ejecución y sus resultados se adecúen a la evolución de la crisis sanitaria y humanitaria COVID-19 y se asegure medios para favorecer una mejor respuesta ante los inciertos resultados».
Todos los sectores deben actuar «responsablemente» y unirse para resolver la crisis «sanitaria, humanitaria y de seguridad humana, en la perspectiva basada en la dignidad humana que arraigue asimismo una postcrisis de nueva normalidad humanista e innovadora, que nos conduzca al desarrollo sostenible y a la justicia social en Centroamérica».
Reiteraron además su llamamiento a los gobiernos de Centroamérica a garantizar la debida «protección y facilidades de pronto retorno» a los países de los migrantes en el contexto de la crisis por el coronavirus.
Los procuradores instaron de nuevo a los Gobiernos a solicitar «la suspensión de pago de las deudas externas y, con diligencia especial, su condonación a los países con mayor pobreza» para que esos recursos puedan invertirse en atender «los severos impactos sociales y económicos» de la pandemia.
Solicitaron además dar seguimiento a la protección y respeto de los derechos humanos, como «centro medular» del Estado democrático de Derecho en Centroamérica, lo que requiere de la comprensión de los gobiernos sobre el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos.
PROCURADORES PIDEN RESPETO A INSTITUCIONES
El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos da seguimiento a la situación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador, cuyas autoridades trabajan con «independencia», pese a los «constantes embates» de personas y grupos que actúan contrario a la defensa de la dignidad humana.
Los procuradores piden a los gobiernos desistir de las «limitaciones y amenazas» al debido funcionamiento de las instituciones nacionales de derechos humanos, «evitando actos de represalia y arbitrariedad, con los cuales se busca recortar los presupuestos mínimos para nuestro funcionamiento y desconocer la movilización y presencia» de su personal durante la pandemia.
Asimismo, solicitan continuar las acciones para el reconocimiento formal del Consejo Centroamericano de procuradores como uno de los órganos principales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
