Santo Domingo.- El Gobierno dominicano, en flagrante violación de la Ley 340 de compras y contrataciones, ha estado realizando contratos millonarios, especialmente en compra de bonos a la empresa de José Miguel González Cuadra, actual director ejecutivo de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de La Barquita y Entornos (URBE).
El programa Toda la Verdad, que se transmite los domingos por VTV canal 32 bajo la conducción de la periodista Odalis Castillo,
presentó un reportaje que arrojó luz sobre transacciones que suman más de 260 millones de pesos entre el Gobierno dominicano y la empresa del funcionario mencionado, Centro Cuesta Nacional.
La pesquisa fue realizada a partir de información recuperada de los portales de transparencia del Estado, con información disponible en línea desde el año 2021 hasta el 2023. Estos procesos involucran a diversas instituciones públicas y a la empresa del funcionario, destacándose numerosas adquisiciones de bonos.
El reportaje no cuestiona el hecho de que una empresa legitima y con una amplia trayectoria haga negocios con el Estado, sino que pone sobre la mesa como se pasa por encima de las prohibiciones de la ley 340-06 y sobre los esfuerzos de la Dirección de Contrataciones Públicas en que los funcionarios pidan la inhabilitación de su Registro de Proveedores del Estado en casos de tener empresas de su propiedad contratadas por entidades públicas.
Un ejemplo presentado en el reportaje es una licitación de julio de 2023, destinada a la compra de 25 millones de pesos en bonos para familias de escasos recursos. Estos fueron adquiridos por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, dependencia de la Presidencia de la República. Además, se encontraron procesos similares en 2021, con compras de 10 millones y 3 millones de pesos, y en noviembre de 2022, por más de 18 millones de pesos.
Instituciones estatales, desde la Presidencia de la República hasta la Cámara de Cuentas, Archivo General de la Nación, Procompetencia, y el Ministerio de Medio Ambiente, entre otras, han realizado compras a la empresa del funcionario.
Entre las revelaciones reseñadas se encuentra el contrato número 059, realizado por excepción de emergencia entre la Comisión de Apoyo al Desarrollo Barrial y Centro Cuesta Nacional, con el fin de ayudar a los ciudadanos afectados por el fenómeno atmosférico del 18 de noviembre. Este contrato, firmado en diciembre de 2023, asciende a 45 millones de pesos para la entrega de 50 mil bonos de 500 pesos y 20 mil bonos de mil pesos.
Adicionalmente, se encontró un certificado de disponibilidad de cuota, fechado en diciembre de 2022, donde el Ministerio Administrativo de la Presidencia realizó un pago de 99 millones 414 mil pesos a Centro Cuesta Nacional por la compra de kits de alimentos destinados a personas vulnerables afectadas por el huracán Fiona.
Estas revelaciones plantean interrogantes sobre la transparencia y legalidad de las prácticas de contratación del Gobierno dominicano, especialmente cuando involucran funcionarios que tienen toma de decisiones en las instituciones que representan.
