Santo Domingo, (EFE).- El Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional dictó este viernes apertura de juicio contra un grupo de imputados de pertenecer a la red de trata de personas con fines de explotación sexual desmantelada el año pasado en el marco de la Operación Cattleya.
Durante la etapa preliminar, que se inició el pasado 25 de agosto, fiscales adscritos a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) presentaron ante el tribunal «pruebas que demuestran la responsabilidad penal de los acusados en este proceso judicial», según un comunicado del Ministerio Público.
Entre estas hay 34 testimonios, así como pruebas periciales y documentales, agregó la nota.
Los acusados son José Miguel Michel Gurdis (alias Michel), Daniel Enrique Inirio Abreu, Cristina Virginia González Hernández, Cristina María Castillo Vargas, Robert Lee Eleuterio Paniagua Díaz, José Alberto Soriano Rosario (alias Cirujano) y Dionicio Mieses de la Cruz (Dionis).
Además, Louis Marie Nephtalie, Engel Nefthali Vargas Soto (Ángel), Oliver Arnaud Lewinski y/o Timothy William Case Renee, Braulio Manuel Lugo, Marie Fokina Achille, Carlos Jhonatan Walwyn Campusano Díaz (Carlos), Melvin José Valentín Peguero, Zafiro Nataly Sánchez González, Oscar Wicene y Alejandro Arturo Batista Bustamante (alias Gato).
Igualmente, involucra a los hoteles Caribe y Oscar, del sector Gascue, del Distrito Nacional, y Coco Real, de Bávaro, Punta Cana, provincia La Altagracia.
El tribunal dictó un auto de no ha lugar a juicio a favor de María Foquina.
De acuerdo con el Ministerio Público, la red explotaba sexualmente a mujeres procedentes de Sudamérica y llevaba alrededor de un año operando en el país, cuando fue desmantelada en agosto de 2022.
En ese mismo mes, la jueza Kenya Romero, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra 11 de los acusados.
Actualmente, los imputados en este proceso cumplen medidas de coerción consistente en prisión preventiva, dos tienen localizador electrónico y garantía económica, en tanto que otros tienen presentación periódica y garantía económica.
