El títere de cartón piedra, ataviado con un traje y cejas blancas para asemejarse al rostro de Biden, sostenía en una de sus manos una cartulina adornada con billetes verdes de dólar.
«Si lo recuerdan, Biden prometió hacer muchos cambios y no los ha cumplido, ¡nos ha mentido!», clamó una de las líderes de la marcha, Beatriz Batres, a través de un megáfono.
Junto con el resto de manifestantes, Batres instó a Biden a cerrar todos los centros de detención, liberar a todos los migrantes y refugiados detenidos, y dejar de financiar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que gestiona los centros de migrantes, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), responsable de las detenciones en la frontera.
«¡De norte a sur, de este a oeste, no más deportaciones, cueste lo que cueste!», coreaban los manifestantes mientras sostenían pancartas con lemas como «Quítenle fondos al odio» y sonaban canciones reivindicativas como «Latinoamérica» de Calle 13.
Después de pronunciar un discurso ante los manifestantes, Batres, de 34 años, compartió con EFE por qué siente esta causa de manera tan personal.
Según explicó, huyó de El Salvador debido a las amenazas de las pandillas y, con la mandíbula fracturada en tres pedazos y tras haber sufrido varios intentos de asesinato, llegó a Estados Unidos en 2014 cruzando la frontera de manera irregular.
Una vez cruzó la frontera, ella y su hijo de 6 años fueron detenidos en el centro de detención de Artesia (Nuevo México), donde recuerda cómo los guardias los trataban de manera despectiva, la comida estaba en mal estado, y los despertaban en medio de la noche para contabilizarlos y asegurarse de que no intentaran escapar.
Después de cinco semanas detenida, comenzó a tramitar su solicitud de asilo, y este año, después de una larga batalla, obtuvo el estatus de refugiada para ella y su hijo.
«Pero, -añadió- esto no marca el final de la lucha, todavía estoy luchando por mis compañeros, dando voz a quienes siguen detenidos. A nivel personal, es también el momento de sanar. Todavía estoy aprendiendo a sobrevivir y a vivir con este trauma».
Actualmente, hay 32.743 personas recluidas en centros de detención de migrantes, la mayoría de ellos en instalaciones gestionadas por empresas privadas, según datos recopilados por la Universidad de Syracuse.
Cuando se postuló a las elecciones de 2020, Biden se comprometió a reformar los centros de detención para que no fueran gestionados por empresas privadas, como ocurre actualmente, y en su lugar, fueran gestionados por el Gobierno.
Esa promesa llegó tras años de denuncias por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos que han denunciado que los migrantes no pueden recibir en esos centros buena atención médica, tienen un acceso insuficiente a abogados, algunos sufren agresiones sexuales e incluso se han registrado muertes de reclusos.
Sin embargo, el Gobierno de Biden solo cerró un centro de detención en marzo de 2022 y, a medida que se acerca la campaña para los comicios de 2024, la inmigración sigue siendo un tema espinoso que los demócratas quieren evitar y que los republicanos intentan capitalizar para su propio beneficio.
