Según el mandatario, los primeros anuncios se darán este mismo martes en el palacio presidencial.
«El 5 de septiembre es el día de la Amazonía (…). Vamos a tener una actividad en el Palacio de Planalto con la ministra Marina (Silva) y la ministra (Sonia) Guajajara y vamos a demarcar algunas temas indígenas y de protección ambiental», aseguró el líder progresista en «Conversa con el presidente», el programa que transmite semanalmente por las redes sociales.
El anuncio se da en momentos en los que la Corte Suprema analiza los derechos indígenas a las tierras ancestrales, un polémico asunto que enfrenta a los pueblos originarios y al poderoso sector agropecuario.
Desde la semana pasada, los magistrados del máximo tribunal volvieron a discutir, después de una pausa de casi dos meses, la constitucionalidad de la tesis jurídica conocida como «marco temporal», que sostiene que los indígenas solo tienen derecho a las tierras que ocupaban el 5 de octubre de 1988, fecha de promulgación de la Constitución de Brasil.
La tesis, muy criticada por los indígenas, impediría la demarcación de tierras que tradicionalmente pertenecían a los pueblos originarios, pero que en 1988 ya habían sido ocupadas por agricultores o ganaderos, a veces a la fuerza.
Hasta ahora, de los once magistrados que componen el tribunal, cuatro han votado en contra del «marco temporal» y otros dos a favor.
En mayo, la Cámara Baja aprobó, por mayoría, el proyecto que establece el marco temporal para a demarcación de tierras indígenas, el cual aún requiere ser aprobado por el Senado, algo en lo que la decisión de la Corte puede influir.
Según datos oficiales, los pueblos originarios en Brasil ocupan el 13,7 % del territorio nacional, con 610 tierras indígenas, de las cuales 487 están delimitadas.
De ese total, la gran mayoría se sitúan en la Amazonía brasileña, con 329 áreas demarcadas.
La demarcación de territorios indígenas fue totalmente paralizada durante los cuatro años de Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, que, además, impulsó medidas para permitir la explotación de minerales en esas áreas, pese a que están protegidas por leyes medioambientales.
