Ginebra, Bombardeos contra civiles, ejecuciones sumarias e incendios premeditados de pueblos enteros son crímenes de guerra que está cometiendo de forma «cada vez más frecuente y descarada» la Junta Militar de Birmania (Myanmar), denuncia hoy un informe de investigadores independientes.
El documento publicado hoy por el Mecanismo de Investigación Independiente para Birmania, creado en 2018 a instancias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recopila datos de más de 700 fuentes, incluyendo 200 testigos de estos ataques que, según estos expertos, constituyen crímenes de guerra y contra la humanidad.
«Las evidencias indican (…) extendidos y sistemáticos ataques contra los civiles, y con ellas estamos produciendo una documentación que podría ser usada por tribunales (nacionales o internacionales) para que los perpetradores rindan cuentas», señaló al presentarse el informe el jefe del mecanismo, Nicholas Koumjian.
Entre los bombardeos que denuncia el informe figura el perpetrado en la región de Sagaing (norte) en abril, que causó la muerte de al menos 155 personas. Sobre los incendios masivos y otras operaciones de destrucción de poblamientos civiles, el informe cita crímenes de ese tipo en las divisiones administrativas Sagaing, Magway, Chin, Kayin y Kayah, algunas de ellas afectadas por conflictos entre el ejército y guerrillas.
«Se incendian normalmente tiendas, lugares de culto y vehículos civiles, aunque en algunos casos se han destruido aldeas enteras», señala el texto, que indica que a menudo este tipo de actos se han visto acompañadas de detenciones y matanzas masivas, o han causado grandes desplazamientos de poblaciones.
Según el informe, la Junta Militar ha justificado sus ataques aéreos, incluidos los perpetrados contra escuelas y monasterios, con el argumento de que se trataba de «objetivos militares», un extremo que refuta el grupo de expertos.
«Las evidencias indican que los militares sabían, o deberían haber sabido, que en esos objetivos había un alto número de civiles cuando fueron atacados», destaca el informe. El texto añade que el hecho de que las autoridades militares de alto rango en Birmania no hayan tomado medidas para impedir estos crímenes «podría indicar un intencionado deseo de cometerlos».
El mecanismo de investigación tiene por misión estudiar posibles violaciones de derechos humanos en el país asiático desde 2011, aunque en su informe se enfoca especialmente en las perpetradas tras el golpe de Estado del 1 de febrero de 2022, así como los ataques a la minoría rohinyá, iniciados en 2016 y 2017.
Sobre estos últimos, los miembros del grupo de investigación destacaron en el informe la proliferación de la violencia sexual y de género contra esta minoría, «tan generalizada que fue denunciada por la mayor parte de los testigos».
El mecanismo espera que sus conclusiones puedan contribuir a los casos en marcha sobre las violaciones de derechos humanos del pueblo rohinyá ya en marcha en la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia (ambas en la ciudad neerlandesa de La Haya) y en los tribunales argentinos
