En la organización criminal participaban fiscales, empleados administrativos del Ministerio Público y policías que eliminaban antecedentes penales de procesados a cambio de sobornos
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-El Ministerio Público depositó hoy ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra 12 personas arrestadas como parte de la Operación Gavilán que desmanteló una red integrada por fiscales, empleados administrativos y policías que operaron una estructura nacional dedicada durante años a eliminar, a cambio de sobornos, antecedentes penales de procesados por diversos delitos.
Los fiscales que lideran la operación contra la red asociada a la criminalidad solicitaron la declaratoria de caso complejo y solicitaron la imposición de prisión preventiva funcionarios de la Procuraduría General de la República y de la Fiscalía de Santo Domingo Este.
La Operación Gavilán tiene bajo investigación al menos a siete fiscales contra los que el Ministerio Público procederá a solicitar ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, en cumplimiento del procedimiento particular establecido en el marco jurídico para la persecución penal contra servidores del sistema de justicia. Al mismo tiempo, puso en marcha el debido proceso disciplinario a cargo de la Inspectoría General del Ministerio Público.
Los fiscales que investigaron y desmantelaron la red contaron con el apoyo de unidades especiales de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los diversos allanamientos realizados el martes el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís.
Con el borrado de antecedentes penales ejecutado por la red criminal han sido beneficiados sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, por adulteración de alcohol o por secuestro, posibilitando, incluso, que personas recluidas cumpliendo condena de hasta de 30 años figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales.
Los imputados por asociación de malhechores, soborno, cibercrimen y lavado de activos, enfrentan cargos por los delitos tipificados en los artículos 59, 60,123, 124, 166, 167, 174, 175, 177, 265 y 266 del Código Penal Dominicano.
También, por violación a la Ley 41-08 sobre la Función Pública; los artículos 6 párrafo, y 10 párrafo de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y el artículo 3 de la Ley 155-17 en perjuicio del Estado dominicano.
