Jerusalén, El líder de la oposición en Israel, Yair Lapid, anunció hoy que ha sido imposible llegar a un acuerdo sobre la reforma judicial con el Gobierno de Benjamín Netanyahu, lo que allana el camino para que una de las leyes clave de ese plan se apruebe en las próximas horas en la Knéset (Parlamento israelí).
«Nuestra condición principal era proteger la democracia israelí, pero con este gobierno es imposible llegar a acuerdos que preserven la democracia israelí», declaró visiblemente enfadado el ex primer ministro a los medios en los pasillos de la Knéset. “En las últimas semanas, y especialmente en las últimas 48 horas, hicimos todo lo posible para llegar a acuerdos, como prometimos”, aseveró el centrista Lapid minutos antes de que empiece la votación en segunda y tercera lectura del proyecto de ley que anula la doctrina de la razonabilidad.
Esa doctrina permite todavía al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales en base a si estas son razonables o no, y su eliminación es uno de los pilares de la reforma judicial. De aprobarse en el pleno del parlamento -donde la coalición de Gobierno tiene una clara mayoría- será la primera ley del controvertido paquete que abarca la reforma en salir adelante.
«Quieren destrozar el Estado, destrozar la democracia, destrozar la seguridad de Israel, la unidad del pueblo de Israel y nuestras relaciones internacionales», lamentó Lapid, que tildó al gobierno del «más irresponsable de la historia». En las últimas horas, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha tratado de reimpulsar un diálogo entre gobierno y oposición para lograr un consenso en torno a la reforma, pero sus intentos han vuelto a fracasar.
«Estamos trabajando las 24 horas de todas las formas posibles para encontrar una solución. Existe la base para un posible entendimiento, pero quedan lagunas que exigen la responsabilidad de las distintas partes», señaló Herzog hace unas horas. Herzog se reunió ayer por separado con Netanyahu y con los líderes de la oposición, Yair Lapid y Benny Gantz, para retomar las negociaciones que empezaron en abril, pero que se rompieron en junio, cuando el gobierno decidió seguir adelante unilateralmente con la reforma.
Esto revitalizó el movimiento de protestas, que no ha cesado en siete meses, con manifestaciones masivas en las últimas semanas -este sábado más de 550.000 personas salieron a las calles en todo el país-, una fuerte presión social a los sindicatos para que convoquen una huelga general; y con más de 10.000 reservistas que se niegan a presentarse voluntarios al servicio.
La reforma judicial es vista por sus detractores -que abarca a amplios sectores de la sociedad- como una amenaza a la democracia, porque socava la separación de poderes y la independencia de la Justicia.
