En Especial
Por Cristhian Jiménez
Santo Domingo. Pasa con la formalización de la precampaña electoral, lo mismo que con la fecha de llegada del verano: calor y ruido instalados con enorme anticipación.
La Junta Central Electoral dicta la proclama después de años de intenso activismo político, que trató de contener como maestro de primaria ante niños ruidosos.
Quejas por doquiera, incluidos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad sin que los partidos políticos frenaran la extemporánea campaña.
Creativos en los más diversos alegatos para negarnos unas vacaciones, luego del extenuante proceso electoral del 2020, con unas elecciones municipales suspendidas, presidenciales y congresuales en medio de una pandemia y la división del partido de gobierno, tras 16 años ininterrumpidos en el poder.
El grupo dominante en el Partido de la Liberación Dominicana rehuyó de un proceso de autocrítico y se inventó una temprana consulta interna para perfilar el posible aspirante presidencial, con la excusa de que PRM y Fuerza del Pueblo ya tenían candidatos definidos.
El presidente Abinader asumió la gestión de gobierno, privilegiando la calle, como en los mejores momentos de campaña, la que no ha abandonado y Leonel Fernández con el alegato de que dirigía un proceso de organización nacional tomó literalmente el título de la película ganadora del Oscar “Todo, en todas partes al mismo tiempo”.
PRM y FP anunciaron procesos de reclutamientos con ambiciosas metas y el PLD al definir su aspirante presidencial, entonces explicó que debía darlo a conocer en el ámbito nacional.
Cada vez que la JCE intentó contener la extemporánea actividad encontró tonos altos y hasta amenazantes o el comportamiento infantil de culpar “al otro”.
La Junta pretendió una regulación temprana y efectiva, pero le engavetaron uno de los dos proyectos y en el sobreviviente, ley de partidos, no se actuó con el rigor que ameritaba la ocasión y al final la legislación “posible”.
Al momento de discutir las alianzas, leyes con zonas grises, aceptada la facultad de regulación de la JCE mediante resoluciones, enfrentaron al órgano e impusieron finalmente una interpretación que limita la democracia interna partidaria y que amplía mediante un atajo el 20 por ciento de reservas por nivel de elección.
El tema del control del financiamiento de campaña y los candados para evitar dinero sucio no quedaron resueltos, mientras los partidos anuncian medidas internas como el dopaje que no llega fondo del problema Varios funcionarios de elección enfrentan procesos legales en el país y en Estados Unidos vinculados al narcotráfico y lavado de activos.
La Junta ha advertido que usará sus facultades reglamentarias y administrativas para la estricta fiscalización del financiamiento público y privado.
Mientras las calles de todas las ciudades (en la Alcaldía de Roberto Salcedo estaba exceptuado el Distrito Nacional) están llenas de propaganda política y en cualquier momento se obstruyen vías por la proliferación de actividades políticas.
El trastorno sufrido en los últimos 24 meses se agudizará al quedar oficialmente abierta la precampaña electoral para la escogencia de los candidatos de las elecciones municipales de febrero y las presidenciales y congresuales de mayo del próximo año.
Todo esto en medio de un intenso laborantismo de los partidos políticos para lograr alianzas y atraer adversarios. Hay denuncias sobre supuestas “compras” de opositores de parte del gobierno y revelaciones sobre congresistas, alcaldes y regidores que supuestamente intentarían conservar sus cargos montándose en la patana oficial.
“El dinero”, es palabra clave cuando se discuten posibilidades de las candidaturas congresuales y municipales.
Dicen que la FP carece de recursos y que los peledeistas ricos no quieren “invertir” por la debilidad de la marca PLD. El PRM está en el Estado, pero la vigilancia se acrecienta y es presa de su discurso sobre transparencia.
