La Junta Central Electoral (JCE) ha reabierto la dolorosa y atormentadora herida al aprobar el reconocimiento político del Partido Esperanza Democrática (PED), liderado por José Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del dictador y genocida Rafael Trujillo Molina.
Es inconcebible que la JCE haya otorgado, a través de la resolución 24-2023, este reconocimiento, alegando que el PED ha cumplido con todos los requisitos legales. Es alarmante y perturbador que se permita la creación de un partido político vinculado a la familia de un tirano responsable de crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones a los derechos humanos y de la opresión de un pueblo durante décadas.
Rafael Leonidas Trujillo y sus lacayos aterrorizaron la laboriosa población de la República Dominicana desde 1930 hasta 1961, perpetuando un régimen dictatorial caracterizado por la represión, la tortura y el asesinato de miles de dominicanos que se atrevieron a oponerse a su gobierno. Su legado se encuentra profundamente arraigado en la memoria colectiva del pueblo dominicano, marcado el terror, el dolor y la injusticia.
La decisión de la JCE de reconocer a un partido político liderado por un familiar directo del sanguinario tirano es una afrenta a las víctimas de su régimen y a la memoria histórica de la nación. Otorgar derechos y obligaciones políticas a un descendiente de un dictador sanguinario contradice los principios fundamentales de la democracia y socava los esfuerzos de una sociedad por construir un futuro basado en la justicia, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.
Considero necesario recordarles al presidente, y a los miembros de la JCE, que el régimen de Trujillo fue responsable de la desaparición forzada, la persecución política y el exilio de miles de dominicanos que lucharon por la libertad y la justicia. Permitir que un familiar de Trujillo vuelva a incursionar en la esfera política es una falta de respeto a todas las víctimas, una bofetada a sus familiares y una negación de la historia dolorosa que vivió el país.
La figura de Ramfis Domínguez, quien ha adoptado el eslogan de campaña «Mano dura», refleja una nostalgia peligrosa y perturbadora por un pasado oscuro y autoritario. Esta decisión amenaza con reavivar las heridas de un pueblo que continúa luchado por superar el legado de la dictadura y por construir una sociedad basada en la igualdad, la equidad económica y la justicia social.
Hacemos un llamado a la Junta Central Electoral a reconsiderar su decisión y a actuar en beneficio de la democracia, la memoria histórica y los derechos humanos. El reconocimiento de un partido político vinculado a la familia de Trujillo es un paso en la dirección equivocada y representa un riesgo para la estabilidad y el progreso de la República Dominicana. Es imperativo que se escuche la voz del pueblo dominicano, así como de las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, quienes se oponen firmemente a esta decisión.
La historia del genocida Trujillo y su régimen dictatorial no puede ser olvidada ni minimizada. Es un deber moral y ético garantizar que los crímenes cometidos durante su mandato no sean glorificados ni perpetuados a través de la participación política de sus descendientes. La reconciliación y la construcción de un futuro democrático requieren enfrentar de manera valiente y contundente los horrores del pasado, garantizando que nunca más se repitan.
La Junta Central Electoral tiene la responsabilidad de velar por los intereses del pueblo y de proteger los valores democráticos. Exigimos que reconsidere su decisión y actúe en conformidad con los principios fundamentales que rigen la democracia, rechazando cualquier intento de glorificación de un pasado dictatorial y garantizando que la memoria de las víctimas sea honrada.
La República Dominicana merece un futuro en el que la democracia, la justicia económica y social y los derechos humanos sean los pilares de la sociedad. No debemos permitir que la sombra de la dictadura de Trujillo se proyecte nuevamente sobre nuestro país.