Rabat, .- La ambigüedad de la legislación, la insuficiencia de mecanismos de protección y las especificidades culturales en Marruecos fomentan la impunidad de los violadores en el país magrebí y privan a las víctimas de conseguir justicia, según las conclusiones de un seminario internacional celebrado este martes en Rabat.
Organizado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH, estatal), con la participación de representantes de la sociedad civil y de expertos, el seminario se desarrolló en el contexto de una polémica que estalló en Marruecos a finales del mes pasado.
Se trata de la condena, por parte de un tribunal de Rabat, a tan solo entre 18 meses y dos años de prisión a tres hombres que violaron repetidamente en una aldea rural a una niña de 11 años, de la que eran vecinos y a la que dejaron embarazada.
La presidenta del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Amina Buayach, lamentó en el encuentro la ineficacia de los mecanismos de protección a los niños y mujeres y precisó que el papel de la justicia debe ser fundamental en este campo.
Buayach pidió la reforma de la legislación marroquí para que sea compatible con los tratados internacionales que protegen a la infancia e instó al «legislador a superar su indecisión política e ideológica».
Exigió la consolidación del marco legal, unificar las instituciones de protección nacionales, fortalecer los mecanismos sociales de atención a las víctimas y desarrollar herramientas de evaluación. Pidió la aprobación del Tercer Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que permite a los menores víctimas recurrir a las instancias de la ONU cuando agotan los procedimientos nacionales.
La jurista marroquí Muna Masmudi lamentó que la ambigüedad de los textos y la terminología legales relacionados con los delitos de violencia sexual causan impunidad y violan el derecho de las víctimas a la justicia. Masmudi subrayó que la legislación marroquí y su práctica judicial no distinguen a veces entre las víctimas menores y adultas, y criticó que el Código Penal no tipifica el incesto como delito independiente, sino como agravante.
Asimismo, añadió que a pesar de que la ley penal es dura (contempla de 5 a 30 años de prisión en el caso de la violación), los jueces recurren a atenuantes, y lamentó que el poder legislativo no haya prohibido que se puedan aplicar atenuantes en el caso de la violencia sexual.
La socióloga Sumaya Nuaman Guesús analizó los factores culturales y sociales que fomentan la violencia sexual y la impunidad, e indicó que la mujer violada es un «deshonor» para la sociedad marroquí, por lo que las familias ocultan los casos de violación que podrían sufrir sus niños.
Según Nuaman, hay padres en aldeas remotas en Marruecos que, por su pobreza, ni siquiera tienen medios para desplazarse a los tribunales para denunciar la violación, y añadió que «a veces son analfabetos y son incapaces de entender y seguir los procedimientos judiciales».
En sus investigaciones, la socióloga observó que en el mundo rural hay casos de niñas estudiantes y jóvenes trabajadoras que fueron violadas por transportistas clandestinos, a los que no denuncian para que sus familias no les priven de la posibilidad de ir a la escuela o el trabajo.
La pedagoga Naual Idrisi Jamlichi destacó las dificultades que sufren las asociaciones para prestar atención a las víctimas de la violencia sexual, debido a la tendencia protectora de las familias. Lamentó que en ocasiones los interrogatorios judiciales a las víctimas empeoran su situación psicológica por no haber protocolos especializados de comunicación con esta categoría de personas.
