Tokio,- El nuevo gobernador del Banco de Japón (BoJ), Kazuo Ueda, asumió hoy este cargo que ocupará durante los próximos cinco años, y desde el que decidirá si la entidad continúa con su amplia política flexibilizadora que incluye tipos de interés negativos.
Ueda es el primer gobernador del instituto emisor nipón que llega al puesto desde 1945 procedente de una trayectoria académica, en lugar de un puesto como burócrata o político, como ha sido el caso de todos sus predecesores desde entonces.
El banco central nipón celebrará a finales de mes la primera reunión sobre política monetaria bajo su liderazgo, en la que se dirimirá si se mantiene la estrategia de estímulos que la entidad aplica desde hace una década con el objetivo de lograr una inflación anual estable del 2 %.
El índice de precios al consumo (IPC) en Japón se situó en el 2,3 % en 2022 debido principalmente al encarecimiento energético y de las materias primas, su mayor crecimiento en ocho años y por encima de la meta del BoJ, aunque esta entidad lo achaca a factores externos y por tanto no suficiente.
El que fuera gobernador del BoJ desde principios de 2013 hasta la víspera, Haruhiko Kuroda, lamentó que la entidad no haya podido lograr bajo su mandato una inflación sostenida del 2 %, en su última rueda de prensa celebrada el pasado viernes.
Kuroda, no obstante, destacó que esas políticas flexibilizadoras de gran escala combinadas con medidas del Gobierno «han ejercido un efecto positivo en los precios y en la economía, y han puesto fin a la deflación en Japón en el sentido de prolongado declive de los precios entre 1998 y 2012».
El BoJ es el único banco central entre las grandes economías mundiales que mantiene tipos de interés de referencia ultrabajos, una estrategia que ha conllevado efectos secundarios como la fuerte devaluación del yen frente al dólar, el euro y otras divisas.
Otro impacto negativo que han ejercido las políticas del BoJ es el creciente endeudamiento público nipón, lo que unido a la presión del mercado sobre sus precios fijados para los bonos estatales, obliga a la entidad a replantearse su rumbo a corto plazo.
