Santo Domingo.- Los imputados por supuesta corrupción administrativa en la operación Calamar fueron conducidos este domingo ante la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se conocerá la solicitud del Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva para el grupo.
La jueza Kenya Romero conoce la audiencia contra el exministro de Obras Públicas y ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, así como de los también exministros Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta y Donald Guerrero, de Hacienda.
También están acusados el ex contralor general de la República Daniel Omar Caamaño, el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña, los exdirectores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández y el abogado y economista Ángel Lockward, entre otros.
El Ministerio Público ha solicitado al tribunal que el caso sea declarado complejo.
De acuerdo al expediente de acusación, los exfuncionarios y otras personas arrestadas formaron un entramado que distrajo fondos públicos por más de 19,000 millones de pesos.
Los cargos preliminares son asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente y lavado de activos, entre otros.
Los acusados fueron presentados ante Romero el martes pasado, pero la jueza decidió aplazar la audiencia hasta este domingo, luego que varias de las defensas solicitaron tiempo para conocer el expediente.
Por el caso Calamar también están arrestados Roberto Santiago Moquete, Agustín Mejía Ávila, Emir Fernández de Paola, Marcial Reyes, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
La trama afectaría a un abanico de instituciones, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el CEA, la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado, entre otras.
En los alrededores del Palacio de Justicia fue apostado un fuerte contingente policial y al lugar se presentaron miembros del movimiento de la sociedad civil Marcha Verde, que surgió en 2017 para exigir el combate a la corrupción y la impunidad que, a su juicio, imperaban en el país.
«En esta operación Calamar, al igual que en los demás casos de corrupción abiertos (en la Justicia) y (que están) pendientes, Marcha Verde mantiene una clara demanda: sancionar ejemplarmente y recuperar todo lo robado», afirmó el grupo.
Demandó del Ministerio Público que garantice expedientes «robustos y bien fundamentados», que no se presten a «artimañas ni bajaderos de impunidad». EFE
