Espiñeira Ceballos consideró que la solicitud de inhabilitación carece de fundamentos jurídicos, según informó la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
La defensa de Rodríguez pidió apartar a los fiscales por considerar que existen incompatibilidades, ya que varios de ellos fueron trabajadores del Ministerio Público en la época de los hechos investigados en el caso Medusa, entre 2016 y 2020.
Esa circunstancia, según la defensa de Rodríguez, supone un «vínculo laboral» y los convierte en «parte interesada» en el proceso, puntos que les inhabilitaría por ley para conocer el caso Medusa.
Estas alegaciones fueron rechazadas en el auto de Espiñeira Ceballos, quien analizó el caso en lugar de la procuradora general, Miriam Germán Brito, quien se inhibió de ese proceso.
El auto también considera que no se ha podido establecer relación de enemistad entre los actuales miembros de la PGR y Rodríguez, como alega la defensa del exprocurador.
Por todos estos motivos, «este pedimento es evidentemente improcedente, carente de base legal y falta de seriedad procesal», afirma Espiñeira Ceballos, citado en el comunicado.
Según las investigaciones del caso Medusa, Rodríguez es sospechoso de liderar una red criminal que, supuestamente, operó desde la PGR y que desfalcó al Estado por más de 6,000 millones de pesos.
El exprocurador y sus colaboradores son acusados de delitos como lavado de activos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, entre otros ilícitos.EFE
