Lima,  El Poder Judicial de Perú declaró improcedente el recurso de amparo presentado por una excongresista fujimorista que pedía declarar la nulidad de las elecciones generales, que el país andino celebró los días 11 de abril y 6 de junio de 2021.

El 11 Juzgado Constitucional de Lima desestimó el recurso de la exparlamentaria Yeni Vilcatoma, en el que no solo pedía anular los comicios sino también que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), órgano supremo electoral peruano, se abstuviera de proclamar los resultados de la segunda vuelta presidencial y que el nuevo titular del Congreso asumiera el cargo de presidente de la República.

En sintonía con el supuesto «fraude» que denuncia el partido fujimorista Fuerza Popular, Vilcatoma exhortaba en su recurso a los funcionarios del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a «depurar adecuadamente» el padrón electoral a fin de eliminar los votos de «menores de edad y fallecidos» que, según ella, habrían participado de los comicios.

Tras conocer la noticia, Vilcatoma anunció que apelará la decisión del tribunal e incentivó a los ciudadanos a presentar más recursos, a la espera de topar con un juez «valiente y justo».

«Amigos, este juez de manera exprés deja allanado el camino para la proclamación de Pedro Castillo, con improcedencia liminar que adolece de motivación aparente», escribió en su cuenta oficial de Twitter.

«Mientras apelamos, más ciudadanos deben presentar la demanda a nivel nacional, seguro que habrá un juez valiente y justo», agregó la exparlamentaria.

SIN PRUEBAS DE FRAUDE

Más de un mes después de la segunda vuelta presidencial, Perú se encuentra ahora en la etapa final del polarizado proceso electoral, a la espera de que la corte electoral revise las últimas impugnaciones presentadas por el partido fujimorista Fuerza Popular y proclame al vencedor del ajustado balotaje, que según el escrutinio completo ganó el izquierdista Castillo, con el 50,12 % de las preferencias.

El retraso en la proclamación de quien tomará las riendas del país a partir del próximo 28 de julio, cuando concluirá el régimen de transición de Francisco Sagasti, se explica por las maniobras legales del movimiento fujimorista en su intento de revertir los resultados y evitar un tercera derrota consecutiva de la candidata derechista en unas presidenciales.

La última ofensiva fue lanzada el último viernes, cuando el equipo legal de Fuerza Popular impugnó las proclamaciones de resultados de los comicios hechas por los jurados electorales regionales de las ciudades de Huancavelica, Cajamarca, San Román, Huamanga y Chota.

Desde el día siguiente al polarizado balotaje, Fujimori alega que fue víctima de un «fraude sistemático» y pidió la anulación de actas con unos 200.000 sufragios de zonas rurales, donde Castillo obtuvo una votación abrumadora.

La candidata no aportó ninguna prueba fehaciente de estas acusaciones, salvo supuestas irregularidades en mesas de votación con las firmas de los responsables de las mismas, que presentó como «suplantación de identidad» o los supuestos lazos familiares entre sus miembros, algo prohibido por ley.

Todas estas reclamaciones fueron rechazadas en primera instancia por los JEE y luego pasaron al JNE, que en última instancia culminó esta semana el proceso de publicación de las resoluciones que declaran improcedentes las apelaciones.

Además, ningún organismo de observación electoral, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), ha encontrado indicios de «fraude», mientras que la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han expresado su confianza en el sistema electoral peruano y en que los comicios fueron libres y limpios.

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