Santo Domingo.- El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se mostró hoy en desacuerdo con un proyecto de ley que estudia la Cámara de Diputados, que incorpora la castración química para los sentenciados y reincidentes en el delito de violación.
En ese sentido, el magistrado consideró que el deber de las autoridades y el sistema es regenerar a la persona que ha delinquido, tal y como lo establecen las leyes.
Rodríguez basó su planteamiento en el artículo 42 de la Constitución de la República sobre el derecho a la integridad personal, y expresó que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, a vivir sin violencia y con la protección del Estado.
«Estamos en pleno siglo XXI y resulta insólito procurar establecer una ley que incluya la castración, esto no procede ni legalmente, ni humanamente ni moralmente. La Constitución es clara y establece además que nadie puede ser sometido a exámenes o procedimientos médicos, excepto cuando se encuentre en peligro su vida», afirmó el responsable del Ministerio Público.
Además de su posición con respecto al proyecto de ley que incorpora el tratamiento hormonal o la castración química, el procurador también propone modificaciones a los proyectos de leyes de indultos y el que crea el Sistema integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, para el que pidió la «mayor celeridad».
Asimismo, propone modificar el proyecto de ley del Código Penal Dominicano, y el que regula el otorgamiento de la fuerza pública para la ejecución de los embargos.
Rodríguez sostuvo que aunque este año, luego de la puesta en marcha de las 22 acciones del Plan Nacional Contra la Violencia de Género, los femenicidios han disminuido en un 18 por ciento, aún las cifras son altas y se necesitan leyes y medidas más detalladas y más fuertes para erradicar esta problemática social.
En torno a este tema, destacó las acciones que viene implementando desde el Ministerio Público para lograr un abordaje integral de este mal, destacando en ese sentido, el plan de mejoras de las infraestructuras de las Unidades de Atención a Víctimas de Violencia de Género, así como la creación de otras en las 14 provincias que no cuentan con oficinas de esta índole.EFE
rsl
