Santo Domingo, (EFE).- El procurador general de la República Dominicana, Jean Alain Rodríguez, calificó hoy de funesta la variación de medida de coerción concedida al empresario Ángel Rondón y al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, ambos implicados en los sobornos pagados por Odebrecht.
El juez Francisco Ortega Polanco, designado por la Suprema Corte de Justicia para conducir la Instrucción Especial de este caso, dispuso la conmutación de prisión preventiva que cumplían los imputados.
El magistrado varió la medida de coerción de un año de prisión preventiva que le había impuesto a Rondón en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo, en San Cristóbal, por una garantía económica de 70 millones de pesos (cerca de un millón y medio de dólares), presentación periódica e impedimento de salida del país.
Igualmente, varió la medida de coerción de nueve meses de prisión preventiva que le había impuesto a Díaz Rúa, también en el CCR de Najayo, por una garantía económica de 50 millones de pesos (alrededor de un millón de dólares), presentación periódica e impedimento de salida del país.
El empresario, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos, y el exministro son los únicos de los 14 imputados por este caso que estaban cumpliendo prisión en un centro penitenciario, mientras que al resto se le impusieron distintas medidas de coerción.
Mediante un comunicado, Rodríguez expresó que, aunque respeta esa disposición, es como «la crónica de una muerte anunciada», por insistencia para que la audiencia fuera celebrada el pasado miércoles, a pesar de que el Poder Judicial había suspendido las labores ese día, y cuando la ciudadanía estaba atenta al paso del huracán Irma.
En ese orden, el procurador general afirmó que, «sospechosamente», esta audiencia de revisión de medidas de coerción, se aplazó a viernes, cuando el país está centrado en auxiliar a los afectados por dicho fenómeno atmosférico.
Rodríguez apuntó que «esta resolución pone de manifiesto la inequidad con que algunos jueces aplican las leyes», y puso como ejemplo que las cárceles dominicanas están llenas de internos acusados de cometer delitos mucho menos graves que los que se le señalan a los implicados en este caso de Odebrecht.
El procurador general indicó que el expediente depositado por el Ministerio Público, además de las confesiones premiadas de los exejecutivos de la constructora brasileña, contiene evidencias similares a las que han servido en otros países para mantener en prisión a los involucrados en este caso de corrupción transnacional.
Rodríguez recalcó que el Ministerio Público ha realizado correctamente la investigación sobre los sobornos por valor de 92 millones de dólares que Odebrecht admitió haber pagado en el país para hacerse con contratos de obras públicas.
Esta mañana, se declaró inadmisible un recurso presentado por el exsenador y exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados (Inapa) Roberto Rodríguez, también impotado por este caso, que buscaba una reducción del monto de la fianza de 20 millones de pesos (unos 419.000 dólares), informó hoy al Procuraduría. EFE
