Ciudadanos piden suprimir mandato de Danilo Madina

El documento firmado por intelectuales, activistas y políticos plantea suprimir el periodo constitucional de Danilo Medina y avanzar hacia constituyente ciudadana

Santo Domingo, RD. Más de 200 intelectuales, activistas sociales y políticos dominicanos lanzaron este domingo 27 de agosto el Manifiesto Ciudadano III: El futuro florece en nuestras manos, en el que se plantea una propuesta política de nueve puntos orientados “hacia la transformación integral del sistema de dominación y control que mantienen Danilo Medina y el PLD”.

Entre los puntos más llamativos de la propuesta se destacan suprimir el periodo constitucional actual, enjuiciar a Danilo Medina, desmontar las altas cortes, la Cámara de Cuentas y la Junta Central Electoral, así como promover una constituyente ciudadana elegida por voto popular y una ley de independencia del Ministerio Público con un mandato expreso de “poner fin a la impunidad”.

El manifiesto ciudadano fue presentado a los medios de comunicación en rueda de prensa realizada en el parque La Lira del Distrito Nacional con la presencia de decenas de sus firmantes.

“Desmontar el andamiaje de la impunidad implica el sometimiento judicial del presidente Danilo Medina por quedar evidenciado que él forma parte de un esquema internacional de lavado de dinero y triangulación de capitales en donde el pago de sobornos se vincula a la sobrevaluación de obras del Estado y al financiamiento ilegal de sus campañas electorales, así como a la compra de la reelección presidencial que le permitió mantenerse en el poder”, dice uno de los párrafos del texto.

Agrega que el Estado dominicano no cumple con los estándares mínimos para ser catalogado como un régimen democrático. “No existe alternancia, ni elecciones auténticas, ni jueces imparciales y mucho menos autoridades electorales que garanticen la equidad”.

En ese sentido, las y los firmantes consideran que el momento político que vive el país es muy delicado razón por la que entienden que “plantear un candidato presidencial de la oposición en las actuales circunstancias sería un acto de irresponsabilidad política porque conlleva reeditar las derrotas programadas de 2012 y 2016”.

Según el manifiesto la prioridad política del momento actual consiste en “desmontar el andamiaje institucional que bloquea la existencia de un verdadero Estado de Derecho y una democracia real” en la República Dominicana.

El Manifiesto Ciudadano III se presenta en el contexto de la negativa del gobierno de Danilo Medina a responder la demanda de justicia en los casos de corrupción en especial el de Odebrecht y en ocasión del debate que se da al interior de la Marcha Verde, cuyo segundo encuentro nacional discutirá la nueva dimensión de la lucha ciudadana por el fin de la impunidad.

Entre las firmas del manifiesto se encuentran activistas, intelectuales y jóvenes profesionales residentes en el país y el extranjero como Andrés L. Mateo, Quisqueya Lora, Segundo Imbert Brugal, Bartolomé Pujals, Brinela Fernández Báez, Claudio Antonio Caamaño Vélez, Alanna Lockward, Jacqueline Jiménez Polanco, Fausto Herrera Catalino, Héctor Turbí, Olaya Dotel, Pedro Catrain, Rafael Olivero, Wilma Tamayo, Carlos Eduardo Bogaert, Ana Feliz Lafontaine, Lety Melgen, Alfredo García, Patricia Abreu, Amanda Alcántara, Enrique de León, Génesis Aquino, Gabriel Sánchez, entre otros.

El tercer manifiesto ciudadano se presenta luego del revuelo causado por el Manifiesto II del 19 de junio pasado en el que se plantea que la solución de la crisis política desatada por el caso Odebrecht pasa por la renuncia del presidente Danilo Medina por estar involucrado en la trama, lo que provocó una fuerte arremetida desde las más altas esferas gubernamentales que incluyó la demonización de las personas firmantes.

A continuación el texto completo del Manifiesto Ciudadano III seguido del listado de firmantes:

MANIFIESTO CIUDADANO III

EL FUTURO FLORECE EN NUESTRAS MANOS

1. EL SENTIMIENTO DE LA MARCHA VERDE SE CONVIERTE EN CONTRAPODER

La sociedad dominicana atraviesa una crisis orgánica que se manifiesta de forma múltiple: fiscal, institucional, de representación, ética.

Vivimos en un Estado de excepción. A pesar de celebrarse elecciones cada cuatro años los límites constitucionales son ignorados. Más que afianzar el Estado de Derecho asistimos a la concentración de un impresionante poder personal del presidente Danilo Medina, pero al mismo tiempo con una legitimidad precaria como resultado de elecciones fraudulentas.

Los últimos dos comicios han sido sumamente traumáticos, en vez de ser espacios de participación democrática, terminaron afianzando el autoritarismo y abriendo paso a un régimen dictatorial revestido de una formalidad democrático-electoral, con una reiterada derrota programada de la oposición.

En cada confrontación política y social los poderes fácticos y el PLD maquinan para apagar la llama de la esperanza ciudadana y tratan de convencernos de que otra opción es inviable, imponiendo la cultura conservadora de aceptar lo dado y pasar la página. Con esta reiterada manipulación siempre se produce la continuidad en el poder de la peor versión de lo mismo.

Así la democracia queda reducida al momento de las votaciones cada cuatro años mientras se violenta el pacto social y se bloquea la relación entre representantes y representados. De ahí que la Marcha Verde lo que ha hecho es recuperar el momento democrático, liberando el conflicto y la discusión política de las instituciones secuestradas. En ese sentido, de ninguna manera el movimiento verde puede verse como subversivo, por el contrario, lo que procura es poner fin a la impunidad y el caos estimulados por la enfermedad de poder de Danilo Medina.

La Marcha Verde tiene su fortaleza en que es un movimiento plural, auto-organizado y auto-financiado, diseminado en todo el territorio nacional y con raíces en la diáspora de los Estados Unidos y Europa. Es un poder difuso que atormenta al gobierno de Danilo Medina, cada vez se torna más poderoso, y se representa no en liderazgos personales sino en la presencia de las masas que se apropian del espacio público y se imponen con la democracia de calle.

Por otro lado, la dinámica del PLD genera una concentración cada vez mayor de poder e influencia en manos del presidente Medina. La ruta electoral hacia la reelección de Danilo en el 2020 es cada vez más evidente.

El resultado de la elección reciente de los jueces de las Altas Cortes le asegura al Presidente el control del Tribunal Superior Electoral, a esto se le suma la actitud de genuflexión del actual presidente de la Junta Central Electoral con su disposición a ungirlo en cualquier escenario electoral posible. De igual forma, la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia quedó en manos de jueces acólitos a Leonel Fernández que garantizan su impunidad y la de su partido.

2. DESMONTAR EL ANDAMIAJE DE LA IMPUNIDAD

Desmontar el andamiaje de la impunidad implica el sometimiento judicial del presidente Danilo Medina por quedar evidenciado que él forma parte de un esquema internacional de lavado de dinero y triangulación de capitales en donde el pago de sobornos se vincula a la sobrevaluación de obras del Estado y al financiamiento ilegal de sus campañas electorales, así como a la compra de la reelección presidencial que le permitió mantenerse en el poder.

La situación devela que nuestro ordenamiento jurídico tiene un vacío constitucional al carecer de procedimientos que permitan poner freno a los gobernantes en el intermedio de los periodos electorales. El procedimiento de revocación del mandato presidencial como existe en muchos países fue bloqueado por Leonel Fernández con la promulgación de la Constitución de 2010.

No obstante, existe un precedente constitucional: El Pacto de la Democracia firmado el 10 de agosto de 1994 por el presidente Joaquín Balaguer, el líder de la oposición de entonces José Francisco Peña Gómez, dirigentes del PLD, empresarios, directores de medios, autoridades eclesiásticas y observadores de la OEA.

Ese acuerdo se fundamentó en dos aspectos principales: la existencia de un grave conflicto derivado de los comicios fraudulentos del 16 de mayo de 1994, y que la legitimidad del sistema democrático descansa en la credibilidad, la transparencia y la diafanidad de las instituciones.

Esa experiencia nos debe llevar a la conclusión de que plantear un candidato presidencial de la oposición en las actuales circunstancias sería un acto de irresponsabilidad política porque conlleva reeditar las derrotas programadas de 2012 y 2016. La prioridad política del momento es desmontar el andamiaje institucional que bloquea la existencia de un verdadero Estado de Derecho y una democracia real.

El Estado dominicano no cumple con los estándares mínimos para ser catalogado como un régimen democrático. No existe alternancia, ni elecciones auténticas, ni jueces imparciales y mucho menos autoridades electorales que garanticen la equidad. Por tanto, la lucha ciudadana tiene necesariamente que orientarse hacia la transformación integral del sistema de dominación y control que mantiene Danilo Medina y el PLD.

La razón por la cual nuestro país se encuentra en una situación tan delicada es porque las instituciones públicas sirven a los amos del poder y el dinero, en lugar de servir a la ciudadanía.

Sin embargo, las y los firmantes del presente Manifiesto Ciudadano III estamos conscientes de que el futuro florece en nuestras manos y de que el momento político nos abre una gran oportunidad a quienes apostamos por un horizonte transformador y posible, por lo que proponemos:

Arribar a un ACUERDO CIUDADANO-POLITICO que articule las fuerzas sociales y políticas para diseñar el plan que nos conduzca a desmontar la dictadura de la impunidad mediante una reforma estructural del Estado en torno a los siguientes puntos:

• Impulsar el sometimiento judicial del presidente Danilo Medina por las múltiples evidencias que lo comprometen en el caso Odebrecht.
• Promover un régimen electoral transparente y democrático mediante la remoción completa de los jueces de las altas cortes, el Tribunal Superior Electoral, la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas; para ser sustituidos por jueces y árbitros imparciales.
• Recuperar los recursos de los sobornos y las sobrevaluaciones de Odebrecht, rescindir los contratos del Estado con la empresa mafiosa y expulsarla del país luego de que compense los daños causados a la ciudadanía.
• Crear un espacio abierto de discusión para formular la Ley de Partidos Políticos y su promulgación en un término de seis meses.
• Fomentar un espacio de debates sobre la Ley del Régimen Electoral y su promulgación en un término de seis meses.
• Promover una Asamblea Constituyente elegida por voto popular y en virtud del principio constitucional de que poder constituido no puede ser poder constituyente, con el objetivo de redactar una nueva Constitución que desarme la maquinaria del régimen de impunidad.
• Suprimir el periodo constitucional actual y llamar a elecciones presidenciales y congresuales inmediatamente entre en vigencia la Constitución redactada por la Asamblea Constituyente.
• Reformular la composición del Consejo Nacional de la Magistratura incluyendo representantes de la sociedad civil y de las universidades y estableciendo una representación más equitativa entre mayoría y minoría congresuales.
• Establecer una nueva ley del Ministerio Público otorgándole autonomía e independencia administrativa y financiera del Poder Ejecutivo, con un mandato explícito de poner fin a la impunidad caiga quien caiga y recuperar el patrimonio defraudado a la sociedad dominicana.

Santo Domingo, República Dominicana.

Agosto de 2017