Santo Domingo, (EFE).- El colectivo dominicano Marcha Verde, que surgió tras revelarse los sobornos pagados por Odebrecht en el país, pidió hoy al Ministerio Público una investigación penal de la financiación de las campañas electorales del gobernante Danilo Medina, en el marco de las pesquisas que se realizan por este caso.
Durante una movilización en el sector Cristo Rey, en Santo Domingo, Marcha Verde reclamó, además, incluir en la investigación la termoeléctrica Punta Cana que construye en el sur del país un consorcio encabezado por Odebrecht, para la cual, según la Procuraduría General de República Dominicana, hubo sobornos para la obtención y aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional.
El colectivo hizo su reclamo después de que el viernes el ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, detenido desde el pasado lunes por los sobornos pagados por la empresa brasileña, admitiera que recibió fondos para campañas electorales de varios empresarios, entre ellos Ángel Rondón, acusado de distribuir los 92 millones de dólares que la empresa pagó en coimas en el país.
Montás fue imputado el pasado lunes por el Ministerio Público junto a otras 13 personas, entre ellas, Rondón, tres legisladores y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición) y expresidente del Senado, Andrés Bautista, por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht.
El ministro dijo el viernes en un documento publicado en diarios locales que recibió dinero de Rondón para campañas presidenciales del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), pero que «en ninguno de esos casos, se me dijo que ese era un aporte de Odebrecht ni mucho menos que se esperaba contrapartida alguna».
En su recorrido hoy por Cristo Rey, Marcha Verde señaló que la Ley Electoral dominicana prohíbe el financiamiento de entidades extranjeras en campañas electorales, y que las declaraciones de Montás «compromete penalmente» al expresidente del país y presidente del PLD, Leonel Fernández, y al actual mandatario, Danilo Medina.
El grupo, que ha realizado este año cuatro multitudinarias marchas en contra de la corrupción y la impunidad, explicó que la confesión de Montás «coincide con las delaciones premiadas de los tres ejecutivos de Odebrecht que reconocieron que la empresa brasileña financió campañas en República Dominicana como parte de sus prácticas delictivas para conseguir asignación de obras».
El colectivo precisó que la inclusión de las plantas a carbón de Punta Catalina en la denuncia de sobornos presentada por el Ministerio Público «obliga a investigar penalmente» a Medina y al vicepresidente de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee), Rubén Bichara, «por ser los principales promotores y beneficiarios políticos de este proyecto vinculado a denuncias de sobrevaluaciones desde sus inicios».
La Procuraduría General dijo el jueves que no hubo sobornos en el proceso de adjudicación ni en el contrato de una termoeléctrica que construye Odebrecht en el país, pero sí en la obtención y aprobación del financiamiento en el Congreso Nacional (bicameral).
«Llegó la hora de investigar al presidente. Si es inocente, que siga en sus funciones, pero si violó la ley y se burló del pueblo dominicano, que lo lleven a (a la cárcel de) de Najayo», señaló.
Las detenciones esta semana en el país se produjeron poco después de que República Dominicana recibiera de Brasil datos sobre los sobornos pagados por Odebrecht en el país, gracias a un acuerdo entre el Ministerio Público y la multinacional, que deberá pagar 184 millones de dólares, el doble de lo que entregó en sobornos.
Con este acuerdo, Odebrecht se comprometió a revelar los nombres de los beneficiados a cambio de que sus empleados no sean enjuiciados en ese país caribeño.EFE
