Santo Domingo, (EFE).- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) llamo a la clase política, y en especial a la clase gobernante, a reflexionar sobre el despertar cívico que llevó ayer a miles de dominicanos este domingo a protestar contundentemente por la corrupción sistemática que sufre el país.

En un comunicado, la FJT opinó que se trató de “un ejercicio democrático sin precedentes” de carácter “pacífico y organizado”, que da cuenta de la necesidad de “enfrentar y perseguir la corrupción administrativa que tanto daño le hace a la sociedad dominicana.”

La actividad fue convocada por un grupo de organizaciones sociales y contó con el apoyo de reconocidas figuras de la radio y la televisión dominicana, que reclaman castigo para todos los que hayan incurrido en actos de corrupción en los últimos gobiernos que se han sucedido en el país.

La iniciativa coincidió con la investigación abierta por las autoridades dominicanas por el supuesto pago de 92 millones de pesos en sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht para acceder a contratos públicos en el país a lo largo de casi dos décadas.

Además, la entidad calificó de “avance significativo” el pago de 184 millones de dólares por parte del grupo Odebrecht como compensación por los sobornos llevados a cabo en el país durante casi dos décadas, durante las cuales desembolsaron 92 millones de dólares para hacerse con contratos.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias en este caso, labor que, sin lugar a dudas, le corresponde al Ministerio Público, “de quien esperamos continúe de forma sostenida exhibiendo avances en el curso de las investigaciones”.

La organización destacó la necesidad de crear una ley de Lobby o Cabildeo y establecer un Fiscal Anticorrupción independiente, la cual establecería un marco general del desarrollo y las posibles comisiones y pagos para la obtención de obras u otras diligencias relacionadas con las actividades estatales.

“No hay dudas de que se trata de un vacío existente en nuestro ordenamiento jurídico, máxime cuando se habla de la eventualidad de 92 millones de dólares por concepto de presuntas comisiones en el caso Odebrecht, sumas muy elevadas e impensables en la mayoría de los países donde el Lobby o las comisiones están regladas”, señaló.

Asimismo, consideró como una “necesidad impostergable la creación de un Ministerio Publico independiente y especializado en la persecución de la corrupción, sobre todo con total autonomía y alejado del control de los poderes públicos”.

“En suma, lo que proponemos es un fiscal anticorrupción, el cual opere con mayor legitimidad en los procesos penales” y que esté “libre de toda sospecha por su total y absoluta independencia.” EFE

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