Santo Domingo, (EFE).- El sector empresarial expresó hoy su «total» apoyo al ministerio público para que actúe con «firmeza, determinación y agilidad» en la investigación por el supuesto pago de 92 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht en sobornos en el país.
A través de un comunicado difundido por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), los empresarios pidieron aplicar «todo el peso de la ley a los funcionarios, exfuncionarios, personas y empresas que podrían estar vinculados» al caso.
«Este caso, que podría ser considerado como uno de los mayores escándalos de corrupción de la República Dominicana en los últimos años, pone al descubierto una cultura de sobornos, así como la debilidad institucional en el país», destacó el comunicado.
Esta situación, agregó, «representa una oportunidad para que las autoridades competentes demuestren su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones y el efectivo funcionamiento de nuestro sistema judicial, haciendo que el mismo llegue hasta sus últimas consecuencias y que se convierta en un precedente aleccionador que ponga fin a este tipo de prácticas».
«Este insólito caso ha tenido importantes repercusiones nacionales e internacionales y ha generado un gran perjuicio económico para nuestro Estado y todos los contribuyentes», de acuerdo con lo señalado por los empresarios en el comunicado.
Al mismo tiempo, «afecta de manera sensible la libre empresa, como consecuencia de la implementación de prácticas que, con el objetivo de asegurar la obtención de los principales contratos de infraestructura por parte de esta empresa, dificultaron de manera directa las posibilidades de otras empresas de acceder a los mismos, provocando incluso que muchas tuvieran que salir del mercado por esta competencia desleal», argumentaron.
Por último, los empresarios expresaron su compromiso de «continuar colaborando con el fortalecimiento institucional del país, así como con la promoción del cumplimiento del ordenamiento constitucional y legal, tanto por parte de las empresas privadas, como de las instituciones del Estado, así como de todas las medidas tendentes a sancionar y a evitar que se produzcan este tipo de acciones, pues las mismas laceran la imagen».EFE
