Santo Domingo.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) conocerá este lunes un recurso de amparo en contra de cuatro Jueces y la secretaria del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, y una jueza de paz de La Otra Banda de Higüey, por supuestamente vulnerar derechos fundamentales a una familia que reclama la propiedad de unos terrenos playeros, con vocación turística.
Entre otros aspectos, los demandantes solicitan al Tribunal apoderado que los jueces demandados Federico Amado Chahin Chain, Lorenzo Salvador Zorrilla Núñez, José María Vásquez Montero, la secretaria Brunilda Veras de Mota, del Tribunal Superior de Tierras, Departamento Este, y la jueza de paz de La Otra Banda, Rafaelina Ruiz Rodríguez, sean condenados al pago de una sanción económica de 100.000 pesos diarios, por cada día de retardo o demora en la ejecución de la sentencia a intervenir.
En el recurso de amparo interpuesto por los abogados Rosalina Richiez Castro, Jorge Lora Castillo, Ricardo Ayanes Pérez y Salvador Catrain, reclaman la nulidad absoluta de un «auto especial», dictado por el Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, por el mismo conculcar derechos fundamentales de los reclamantes de la propiedad, ya que se dictó en un total oscurantismo y secreto procesal, o lo que es igual sin oír ni citar a los hoy demandantes en amparo.
Los demandantes reclaman supuestas violaciones severas al derecho de defensa, a ser oído, a ser debidamente citado en Justicia, al Derecho a la igualdad constitucional, y el derecho a la aplicación de las normas del debido Proceso de ley en todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas, todos reconocidos en la Constitución de la República.
De tal manera, piden al TSA que declare nulo el auto 011-2016, sobre designación provisional de juez, del 21 de marzo del 2016, dictado por el presidente del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Este, Federico Amado Chahin Chahin, ya que por medio al mismo se designa, «de manera interina y muy sospechosa» a la jueza de Paz de La Otra Banda de Higüey, Rafaelina Ruiz Rodríguez, para conocer el proceso de Tierras que enfrenta a la familia Richiez con el Central Romana Corporation.
En ese mismo orden de ideas, los reclamantes solicitan que sea declarado nulo e inconstitucional el apoderamiento del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de Higüey, para conocer dicho proceso de tierras, argumentando, fundamentalmente, que todo este entramado de sustitución y cambio de jueces de un tribunal para otro, responde a una estrategia premeditada para favorecer los intereses en justicia del indicado grupo empresarial.
Dicha familia reclama la propiedad absoluta e indiscutible de la Parcela No. 1, Porciones 1-4-A, 1-4-B, 1-4-C, 1-4-D y 1-4-E, del Distrito Catastral No. 3, de Higüey; y en relación con la Parcela No. 1, Porción D, del mismo Distrito Catastral y municipio
