Santiago (R.Dominicana), (EFE).- A 10 días de vencer el plazo para la regularización de extranjeros que viven en República Dominicana, la preocupación de estas personas aumenta, sobre todo, de aquellas de ascendencia haitiana.
En los últimos días, haitianos que residen en el norte del país y que buscan regular su estatus migratorio, han protestado en contra del supuesto poco apoyo, que según dicen, les han ofrecido las autoridades haitianas, para que se acojan al Plan de Regularización de extranjeros ilegales.
Cientos de inmigrantes haitianos siguieron abarrotando los centros de documentación que operan en las norteñas provincias de Santiago, Puerto Plata, Valverde, Dajabón y Duarte, donde hay una gran población de inmigrantes del vecino país.
Muchos de los inmigrantes haitianos dijeron que las autoridades de su país, en vez de ayudarlos para que adquieran sus actas nacimiento y cédulas de identificación de Haití, «lo que han hecho es poner trabas».
Jean Paul Pierre declaró a Efe que tiene cuatro años residiendo en Santiago y tiene tres meses, tratando de regularizar su situación, pero que le ha sido imposible.
Pierre indicó que al igual que la mayoría de sus compatriotas, que viven y trabajan honradamente en el país, envían dinero a sus familiares que dejaron atrás en Haití.
En ese contexto, significó que las repatriaciones de haitianos indocumentados tendrían repercusiones difíciles para la economía y la estabilidad social de Haití.
Sin embargo, muchos de los haitianos indocumentados se quejan de la supuesta discriminación que encaran cuando acuden a regular su situación migratoria, en comparación con los ciudadanos de otros países que viven en República Dominicana en similar estatus migratorio, «que el de ellos».
Pero empleados y funcionarios del Plan de Regularización la queja de los inmigrantes haitianos no se corresponde.
Subrayaron que la mayoría de los extranjeros de otros países que viven de manera ilegal en el país, han aplicado porque sustentaron satisfactoriamente los requisitos que exigen las autoridades dominicanas, como actas de nacimiento y cédulas de sus países de origen, cartas sustentadas por la administración de los centros donde laboran, entre otras.
De su lado, el jurista Dionicio Jérez, presidente de la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos en la zona norte del país, en declaraciones a Efe, denunció que la actitud del Gobierno dominicano en lo referente a la regularización de los extranjeros, ha sido «hipócrita».
El activista de derechos humanos observó que las autoridades han establecido demasiado requisitos a los extranjeros ilegales y «que han incurrido en violaciones a la ley del notariado.
«Pedir a un extranjero que vive de manera ilegal en el país, un acta de notoriedad pública que se hace con ciertos testigos, que es con el que se prueba el arraigo social y además, copias de su cédula del país de origen y las de las personas que atestiguan, es contrario a la ley», indicó.
Según Jérez, la ley 302 del Notariado establece que el notario es un oficial público que tiene fe en sus documentos y actuaciones y que solo puede ser «atacados con una inquisición de falsedad de falsedad».
«Qué sentido tiene que un notario público elabore un documento y entonces, las autoridades de Interior y Policía, Migración y el personal que está a cargo del procedimiento de regularización de extranjeros ilegales, les pida que lleve testigos», anotó.EFE
