Santo Domingo, (EFE).- El Movimiento Reconocido, Plataforma Dominicanos por Derecho, la Red Jacques Viau y el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, denunciaron hoy que la respuesta gubernamental dada a la crisis generada por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, no ha resarcido en ningún aspecto el daño provocado por la negación sistemática del acceso a sus documentos de identidad y la acreditación de la nacionalidad de miles de dominicanos hijos de personas migrantes.
Congregados frente al Palacio Nacional, representantes del conjunto de organizaciones entregaron un documento en el que pasan balance a la implementación del régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el Registro Civil dominicano y sobre naturalización planteado en la ley 169-14, promulgada por el Poder Ejecutivo el 23 de mayo de 2014, que aseguran mantiene en un limbo jurídico a la población afectada, reafirmando el espíritu segregacionista de la sentencia.
Indican que la Junta Central Electoral y el Ministerio de Interior y Policía, deliberadamente y en franca desobediencia a la ley 169-14, han optado por aplicar los aspectos coincidentes con la sentencia 168-13, boicoteando el cumplimiento de las pocas garantías que benefician a los/as destinatarios/as.
Para el colectivo, la falta de voluntad política se evidencia en los pobres resultados alcanzados y la persistencia de los problemas para acceder a documentos de identidad que impide a dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana realizar con normalidad actividades civiles y comerciales aún después de haber agotado los procesos y cumplido con los requisitos que imponen de forma arbitraria las instituciones a cargo.
Desde la sociedad civil, explican, se respaldó la iniciativa del diálogo y el consenso como un primer paso hacia la búsqueda de una solución dominicana a la problemática.
Sin embargo, se quejan de que la pieza legislativa votada por unanimidad por el Congreso Nacional, solo ha servido de cortina de humo para reducir la fuerte presión nacional e internacional que demanda al Estado dominicano actuar en consonancia a lo establecido por la Constitución dominicana y los acuerdos internacionales de los que el país es signatario, con el cese definitivo de la «política desnacionalizadora».EFE
