Santo Domingo.- La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) saludó hoy el pedido que han hecho la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) y otras entidades, para que la Cámara de Cuentas realice una inmediata auditoría a la remodelación del Hospital Traumatológico Darío Contreras, donde los propios médicos han denunciado serias deficiencias en la estructura tras su remozamiento, que conllevó, según Oisoe una inversión de 1.500 millones de pesos.
El director del organismo Miguel Pimentel Kareh declaró, en nota de prensa, que su oficina es la más interesada en que haya una investigación de esta naturaleza, para determinar la forma en que han sido invertidos los recursos del Estado en esta importante obra.
Anunció que una comisión de Oisoe llevará a la Cámara de Cuentas una comunicación oficial mediante la cual se formalizará este pedido.
«Saludamos el hecho de que algunas entidades de renombre hayan solicitado esta auditoría, pues en estos momentos el Gobierno está dotando a la República Dominicana de una moderna red hospitalaria y sería penoso que esta intención se vea eclipsada por confusiones», expresó.
Pimentel Kareh dijo que deben ser organismos competentes e idóneos los que se encarguen de valorar el trabajo de la Oisoe, así como la inversión realizada.
El funcionario dijo ser un «abanderado» de la transparencia, ya que desde el inicio de su gestión ordenó la apertura del portal web de la institución, que nunca antes lo había tenido.
Por otra parte, reveló que ha solicitado al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia) que, en lo relativo al Hospital Darío Contreras y otras obras que se realizan o están proyectadas, haga una rigurosa fiscalización.
Declaró que «es pertinente que el Codia, un organismo que representa a un importante sector profesional del país y en el cual confluyen personas de diferentes corrientes políticas, emita su parecer sobre los trabajos que realiza la Oficina Supervisora».
Manifestó que los libros de la Oisoe están abiertos para que cualquier persona, sin importar su condición social o la entidad que represente, haga las revisiones que estime convenientes para comprobar si hubo o no manejos irregulares en la obra cuestionada.
