Madrid-España.-El que fuera director gerente del FMI, vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar y ex-presidente de Caja Madrid, Rodrigo Rato, ha sido apresado en el allanamiento en su domicilio, Rato ha abandonado la vivienda a las 20.18 horas, en un vehículo policial donde después de haber sido registrado, los agentes aduaneros dependientes de la Agencia Tributaria han precintado las ventanas.
El registro, que se ha prolongado durante más de 4 horas, se ha producido tras una denuncia que la Fiscalía de puso esta mañana en los juzgados de Instrucción contra el ex vicepresidente económico durante los gobiernos de José María Aznar, Rodrigo Rato, y otras personas. En ella se insta a investigar por delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.
Se solicitaba «inmediata entrada y registro» en el domicilio del ex-mandatario, que ha sido acordada por el juzgado de Instrucción de guardia esta semana que es el número 35. El Juzgado también ha decretado el secreto de las actuaciones.
Hacienda encontró contradicciones entre lo declarado por Rodrigo Rato, también ex-gerente del Fondo Monetario Internacional, en la amnistía fiscal de 2012 y después, en el año 2013, algo que empujó a la entidad a incluir a Rato en la lista de sospecha de haber blanqueado capital.
En paralelo a los registros de Madrid, el Servicio de Vigilancia Aduanera ha registrado también esta tarde un bufete de abogados de Sotogrande, en San Roque (Cádiz), donde se han requisado varios documentos y equipos informáticos.
El ministro de Hacienda alertó durante el Pleno del Congreso que la ley está por encima de amigos o compañeros de partido. Estas declaraciones podrían interpretarse como una claro aviso a la prensa de que el Gobierno quiere combatir la corrupción. En la lucha contra el fraude «el respeto a la ley y el interés general están por encima de todo», incluyendo «los intereses políticos o electorales, los compañeros y los rivales, los amigos y los enemigos». «Que cada cual responda de sus actos».
En este punto, criticó a quienes se escandalizan al conocer actuaciones de la Agencia Tributaria que implican a personas de relevancia social. «A mí lo que me escandalizaría es que esas actuaciones no se hicieran, y que esas personas no pudieran ser investigadas, como ocurría en ocasiones anteriores», añadió, provocando un aplauso de sus compañeros de bancada.
Así, reiteró su convicción «firme» de que el Estado debe «poner todos los medios» a su disposición para «controlar y sancionar las conductas fraudulentas y delictivas, sean quienes sean las personas o empresas, entidades o instituciones, que las cometan».
Rato, de momento, no ha desmentido haber aprovechado la amnistía fiscal lanzada por el gobierno de su partido, en 2012, para regularizar una fortuna familiar que hasta entonces no estaba a en conocimiento de Hacienda. Así, aún a pesar de declarar su patrimonio en 2012, el año siguiente declaró elementos diferentes, que contradecían lo anterior. Está siendo investigado por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), cuyo máximo responsable, el secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, no dio explicaciones este miércoles en el Congreso.
Como es normal Rato se niega también a dar explicaciones. En declaraciones, Rato rechazó aclarar cómo es posible que tuviera dinero oculto al Fisco. Sólo negó que tenga o haya tenido sociedades en paraísos fiscales, como apuntaba el medio que publicó la noticia de su amnistía fiscal, Voz Pópuli, o que haya sido requerido ya por la unidad anti blanqueo. «No me consta que el Sepblac me haya abierto una investigación por supuesto blanqueo de capitales ni tengo ni he tenido ninguna sociedad en Gibraltar e Islas Vírgenes», declaró el ex ministro de Economía y Hacienda a las agencias.
Junto a Rato, el Sepblac está investigando, entre otros, a aquellos llamados PEP, personas con exposición política. En total, en la lista de investigados hay 705 nombres por posible blanqueo de dinero, de los cuales la mayoría son PEP, entre ellos, políticos o ex políticos, embajadores, jueces o fiscales. De todos ellos, y sin dar nombres, el director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, dijo el pasado 17 de febrero que eran «presentadores de la declaración tributaria especial que pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales».
Además, está imputado ya por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la causa sobre la fusión y la salida a Bolsa de Bankia.
También en la pieza separada en la que se analizan las ‘tarjetas black’ opacas al fisco en la que los exconsejeros de Bankia y de Caja Madrid cargaron 15,5 millones de euros.
