Santo Domingo.- Los abogados de las familias Richiez y Morla, que sostienen un conflicto en los tribunales con el Central Romana, denunciaron hoy el desacato de esta empresa a una decisión de la Procuraduría General de la República que ordena la entrega voluntaria a dichas familias de los inmuebles playeros ubicados en el paraje Nisibón, provincia La Altagracia.
Aseguraron, en un documento enviado a esta redacción, que el plazo de 20 días otorgado por la Procuraduría para la entrega voluntaria de los citados inmuebles, venció el pasado 11 de septiembre, sin que a la fecha haya sido cumplida la orden en tal sentido dada por el Ministerio Público, y muy por el contrario se mantienen ilegalmente ocupados estos inmuebles.
Expresaron que esperaran porque en los próximos días sean impartidas órdenes directas al Abogado del Estado por ante el Tribunal de Tierras del Departamento del Este, a los fines de que con auxilio de la fuerza pública proceda al desalojo forzoso del Central Romana Corporation de los inmuebles playeros que, alegan, son propiedad de las familias Richiez y Morla.
Los abogados, que no se identificaron en el documento enviado, recordaron que el pasado 21 de agosto, la Procuraduría General de la República, notificó al Central Romana Corporation, el auto No. 043, de fecha 19 de agosto de 2014, por medio al cual otorgó 20 días, contados a partir de dicha notificación, para la entrega voluntaria, a las familias Richiez y Morla de los inmuebles playeros en disputa.
Destacaron que ese auto de la Procuraduría persigue la ejecución de una sentencia del año 2010, del Tribunal de Superior de Tierras del Departamento Central que ordena el desalojo del Central Romana Corporation de los citados inmuebles.
Aseguraron, en ese sentido, que esa sentencia fue refrendada por sendas sentencias de la Cámara de Tierras de la Suprema Corte de Justicia del año 2012, dictadas en contra del señalado consorcio azucarero y en contra del Abogado del Estado del Departamento Central, Fermín Casilla Minaya.
