Miami.La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró que las críticas sobre la falta de libertad de expresión en Ecuador expresadas en el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coinciden con su posición sobre el deterioro de la libertad de prensa en el país sudamericano.
En el informe de la CIDH divulgado ayer, se critica al gobierno de Rafael Correa de estigmatizar de manera sistemática a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones gubernamentales, mediante acciones judiciales y legales, como la Ley de Comunicación, convertida en un arma que genera un clima intimidatorio para la prensa privada e independiente.
Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, se mostró satisfecho por el informe sobre el que dijo “coincide con nuestras denuncias permanentes contra el gobierno ecuatoriano”, especialmente por la nueva ley de prensa y por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) que ha servido para “imponer censura, disfrazada en la rebuscada figura de ‘democratización de la comunicación’”.
Paolillo, director del semanario uruguayo Búsqueda, recordó que la SIP pidió al gobierno que “se abstenga de utilizar la ley para castigar a los medios y de usar el aparato judicial para criminalizar a los periodistas y medios en represalia por sus posiciones editoriales”.
El informe de la SIP más reciente sobre la situación de libertad de prensa en Ecuador, da cuenta sobre fuertes sanciones contra el diario Extra por no rectificar lo que el medio consideró importante informar, sobre la multa de más de 100 mil dólares aplicada al diario El Universo por una caricatura que desagradó a Correa y de otras multas contra medios y compañías privadas. La Supercom no ha usado la misma vara con los medios manejados por el gobierno y estatales.
Paolillo se mostró más pesimista a futuro. Sobre ello, argumentó sobre la reforma al Código Penal, la que agrava la criminalización de delitos cometidos a través de la prensa, contraviniendo la tendencia actual de descriminalización de la difamación que impone la jurisprudencia creada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales sobre libertad de expresión.
Por último, la SIP se hizo eco de la denuncia de la organización ecuatoriana Fundamedios contra el gobierno de Correa, la cual fue dirigida a la empresa Ares Rights y a Twitter. Respecto a la primera, Fundamedios expresa su malestar por acciones a favor de censurar opiniones y comentarios críticos sobre el Presidente y a Twitter por ser pasivo ante la censura de la que han sido víctimas los usuarios que criticaron a Correa en esa red social.
La censura, según Fundamedios, obedece al celo que el gobierno mantiene sobre las declaraciones públicas que el presidente Correa expresa los sábados en sus Enlace Ciudadano. La organización critica que el gobierno proteja del uso, críticas y opiniones de expresiones oficiales, que no son otra cosa que información pública a la que tiene derecho todo habitante ecuatoriano.
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