Santo Domingo.- Un grupo de abogados del Instituto de Ciencias Penales encabazado por Carlos Balcácer, agrupados en el Foro de Juristas para la Democracia Constitucional, solicitó al presidente Danilo Medina vetar y devolver al Congreso Nacional la Ley que reforma el Código Procesal Penal debido a que, en su opinión, rompe la médula de la Constitución y afecta el servicio de justicia penal.
Para los abogados, la Ley tiene varios aspectos que confrontan aspectos inconstitucionales, entre ellos lo relacionado a la prisión preventiva como regla en caso de que el ministerio publico califique un hecho con pena superior a 10 años de prisión y por condena en primera instancia de a pena de cuatro años o más.
Esto, según explicaron en rueda de prensa, viola el principio de presunción de inocencia, en violación de la Constitución de la República y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que instituyen esta medida cautelar como excepción.
A través de un comunicado entregado a los medios, lo letrados criticaron el hecho de que la Ley prohíba a los ciudadanos a querellarse contra funcionarios públicos acusados de corrupción.
Otro de los aspectos criticado por los juristas es lo relacionado con la acción penal imprescriptible que establece «de manera absurda» la imprescriptibilidad de la acción por los hechos con penas imponibles de 10 o más años, contrastando el principio constitucional del derecho fundamental a la seguridad jurídica.
Al mismo tiempo, el hecho de que limita «de manera absurda» la suspensión condicional del procedimiento a hechos punibles inferiores a 4 años de privación de libertad, lo cual congestiona aun más y augura el colapso definitivo del «languideciente» servicio de justicia penal, precisaron.
También denunciaron que la Ley «mata el juez de ejecución de la pena al establecer que una vez sentencia condenatoria se haga irrevocable, el condenado será arrestado sin que medie una orden de este juez, lo cual es violatorio del articulo 149.I de la Constitución que atribuye al poder judicial la doble función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».
De acuerdo con la denuncia, dicha Ley «mutila el procedimiento por habeas corpus y limita las causas a prisión irregular nada mas, en violación del mandado constitucional que lo amplia a la prisión sin causa justa, sujetando incluso la inadmisión del recurso de apelación en estos casos, a la discreción de los jueces de corte.
De igual forma, según la denuncia, reinstaura el recurso de apelación sin motivar, como era antes, lo cual augura la congestión de nuevo ante las Cortes de Apelación, en desmedro de la eficiencia del servicio judicial.
Al mismo tiempo, establece el doble juicio en las Cortes de Apelación al derogar el artículo 423 del actual Código Procesal Penal que prohíbe la doble exposición como manda la Constitución de la República y todas las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos del mundo.
Por último, señalaron proscribe la conciliación por hechos punibles de violencia intrafamiliar, lo que impedirá que el ministerio Público pueda buscarle una solución digna a los múltiples casos que no manden necesariamente su judicialización, que es la corriente más socorrida de la política criminal moderna.
Por ello, pidieron al presidente Medina «enmendar los hierros constitucionales originados en el Congreso y contenidos en el proyecto de Reforma, que pretende deshacer lo que en justicia penal el país ha avanzado».
El comunicado fue firmado por los abogados, Carlos Balcácer, Cándido Simón, Ángel Moneró Cordero, Erick Raful, Jhon Garrido, Ricardo Díaz, Juan Tomás Taveras, Arturo Holguín, Pedro Germán, José Alberto Estévez, Elías Nicasio Javirer y Manuel Sierra.
