Santo Domingo.- El senador Adriano Sánchez Roa presentó una resolución para que el Senado rechace y condene el informe rendido la semana pasada por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en contra de la República Dominicana.
Argumenta que «no es cierto lo dicho por la CIDH de que se mantengan graves violaciones de los derechos humanos» y que la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional «supuestamente desnacionalice a más de 200.000 ciudadanos».
«El país está actuando de conformidad a las Constituciones vigentes desde 1929 al 2010, a la jurisprudencia constante, tratados binacionales vigentes con Haití y la sentencia irrevocable de la Suprema Corte de Justicia del 14 de diciembre del 2005, actuando como Corte Constitucional», indicó.
Sánchez Roa dijo que la CIDH ha ignorado que el artículo 3 de la Constitución dominicana establece la «inviolabilidad de la soberanía y principio de no intervención», y que en el artículo 184 de la misma carta magna establece que «habrá un Tribunal Constitucional cuyas decisiones son definitivas e irrevocables».
En la resolución, el legislador asegura que «existió toda una preparación de la supuesta investigación, pues se realizó un operativo de transporte, dietas, refrigerios y formularios de querella preestablecidas, con el fin de denunciar la inexistentes violaciones de los derechos humanos de miles de personas de origen haitiano, lo que vició de forma grave un proceso objetivo de la investigación anunciada».
Sánchez Roa pidió que, una vez aprobada, la resolución sea enviada a la Organización de los Estados Americanos (OEA), así como al Ministerio de Relaciones Exteriores y al Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana.
Según el informe emitido el viernes en Santo Domingo por la CIDH, las violaciones al derecho a la nacionalidad en República Dominicana se han «agravado» tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC), que considera «discriminatorio».
El presidente de la comisión, José de Jesús Orozco, denunció en rueda de prensa que un «número indeterminado pero muy significativo» de dominicanos han sido privados «arbitrariamente» de su nacionalidad, tras el fallo del TC, que ha dividido a la opinión pública dominicana y ha sido rechazado por organismos internacionales, entre ellos la ONU.
La Comisión observó que la sentencia afecta «desproporcionadamente» a personas sujetas a múltiples formas de discriminación, en particular con base en la raza y la pobreza.
