SANTO DOMINGO.-La empresa DEPOMAX, SRL, presentó ante la magistrada Laura Guerrero Pelletier, Directora del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa de la Procuraduría General de la República, una denuncia por cohecho y prevaricación en contra de Maritza Altagracia Suriel, actual Directora de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud Pública.
La denuncia fue presentada a través de su abogado, doctor Julio Cury, quien luego de depositarla expresó que la funcionaria ha dispuesto la adquisición de bienes en violación a la Ley No. 340-06 y al Reglamento de Aplicación No. 543-12.
Destacó que Suriel tampoco ha respetado los umbrales o montos topes que determinan la modalidad de compra o contratación procedente, además de que supuestamente no se ha cuidado de escoger proveedores con apego a los rubros que están autorizados a ofrecer en virtud del Registro Nacional de Proveedores del Estado.
La denuncia señala que a “Electromuebles Tony”, se le compraron de forma directa cinco mil colchones hospitalarios por un valor unitario de RD$4,964.80, para un total de RD$24,824,000.00, siendo la licitación pública la modalidad correcta dado el monto envuelto. Se alega que los colchones adquiridos no eran hospitalarios, sino meras colchonetas de dos pulgadas, y cuyo costo de mercado oscila entre mil quinientos y mil ochocientos pesos.
Igualmente, se sostiene que a la misma empresa, que según el Registro de Proveedores del Estado solo está autorizada a proveer artículos del hogar, se le compraron sin licitación cinco mil unidades de tanques de gas de 25 libras por un valor unitario de RD$2,076.40, para un total de RD$10,382,000.00.
La denunciante exige también que se investigue a Suriel por la remodelación y equipamiento del hospital Francisco A. Monzalvo, de La Romana, dada su reticencia a informar la modalidad de contratación empleada. Cury manifestó que el artículo 146 de la Constitución condena las distintas formas de corrupción en la administración pública, incluida la proporción de ventajas a amigos o relacionados, y que el Ministerio Público deberá determinar si en las compras y contrataciones violatorias a la ley que ha realizado la funcionaria, no ha maniobrando con el interés de favorecerse o favorecer a allegados.
