Santo Domingo.- El reciente rescate de menores víctimas de tráfico sexual en el municipio de Sosúa puso de manifiesto nuevamente el drama que viven miles de niños en la nación, lo que requiere, según coincidieron hoy distintos sectores, de una urgente intervención.
La explotación sexual de niñas en el país es «un secreto a voces. Te vas a Boca Chica o a cualquier otro lugar turístico y todo el mundo sabe cómo se venden estas niñas para el comercio sexual», dijo Silvio Minier, gerente de programas de Plan Dominicana.
Minier se refirió al enclave turístico de Boca Chica, donde es frecuente observar a menores compartiendo con hombres.
Plan Dominicana lamentó que menores de edad continúen siendo sometidos a la explotación sexual comercial por sus precarias condiciones de pobreza a pesar del crecimiento que ha experimentado la economía local en los últimos años.
El último de esos casos conocidos en el país, el pasado 17 de marzo, es el de 20 menores, que eran explotadas sexualmente junto a nueve adultas en el municipio turístico de Sosúa, en el norte del país.
El procurador general del país, Francisco Domínguez Brito, reveló que fueron los propios padres los que intentaron vender a las menores.
Las menores fueron rescatadas por las autoridades del país y de EE.UU. tras una investigación policial encubierta, según informó en su momento la embajada estadounidense en Santo Domingo, que reveló que nueve dominicanos fueron enviados a prisión por el caso.
Los presuntos traficantes transportaron a las víctimas a lo que estas creían que era una «fiesta sexual», pero en realidad era parte de una investigación policial encubierta, que concluyó con el rescate de las víctimas.
Domínguez Brito reconoció que la trata y abuso sexual en el país «es un reto y gran desafío».
El funcionario dijo ayer que «es un reto» para el Ministerio Público el «no permitir que estas minorías puedan usar a la el país como un espacio de venta sexual.
Uno de los grandes problemas que enfrentan las autoridades dominicanas y los organismos internacionales que trabajan en el país es que no existen cifras reales sobre el tema, si bien se habla de que miles de menores dominicanos son víctimas de este delito.
Y es que, según Minier, la mayoría de estos casos no se denuncian y si se hace «es muy difícil darle seguimiento» por todo el «entramado familiar» que supone el tema.
Minier propuso hoy una alianza entre las autoridades públicas, el sector privado y las organizaciones extranjeras y de la sociedad civil para enfrentar este drama, consciente de las secuelas emocionales que deja el mismo a los menores.
El gerente de programas de Plan Dominicana reconoció que en el país hay leyes y protocolos y que, además, el Estado da pasos para enfrentar el tema y proteger a las víctimas, pero se requiere de un abordaje más amplio «de una situación que todo el mundo conoce y todo el mundo sabe dónde está localizada».
Por su lado, el vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo (Asonahores), Arturo Villanueva, consideró que acciones como las llevadas a cabo en Sosúa la semana pasada se deben realizar en «cualquier» lugar del país donde menores de edad pudieran estar sometidos a la explotación sexual.
Esto, señaló Villanueva en declaraciones a la prensa, para que no sigan ocurriendo este tipo de acciones, que, a su juicio, «dejan mucho que desear para una sociedad como la dominicana».
