Santo Domingo.- El Consejo Superior del Ministerio Público suspendió de sus funciones, de manera provisional, a los fiscales responsables del proceso penal contra Yasmil Óscar Fernández, que asesinó a su expareja Anibel González, mientras se investigan las irregularidades que pudieron cometer en este caso.

Se trata de los titulares de la Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, Pedro Núñez Jiménez, y de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género de esta jurisdicción, Margarita Hernández Morales, informó este martes la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.

El sábado pasado, la abogada Anibel González falleció tras recibir varios disparos el día anterior por parte de su expareja, quien se suicidó tras cometer el hecho.

Fernández, un empresario de San Pedro de Macorís, había salido hacía poco tiempo de la cárcel por atacar en diciembre de 2017 a la hoy fallecida, a la que apuñaló siete veces.

La excarcelación se produjo en virtud de un acuerdo penal abreviado que habían firmado la propia víctima, el agresor y el Ministerio Público, depositado y aprobado por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Pedro de Macorís en enero de este año.

Sin embargo, las autoridades están investigando si el hombre logró su libertad de manera irregular, dado que para el Ministerio Público «es evidente que la fiscal que presentó al tribunal el acuerdo se apartó del principio de legalidad, aceptando un acuerdo jurídicamente improcedente».

Aunque dicho acuerdo fuera propuesto por la víctima hoy asesinada, este «violenta los lineamientos generales del Plan Nacional Contra la Violencia de Género» que desarrolla la PGR y la investigación preliminar «evidencia que había causales para revocar el acuerdo», que el Ministerio Público no debió aceptar.

La institución aclaró que un informe del pasado febrero daba a conocer el acuerdo parcial en caso de tentativa de homicidio, informe que solicitó el procurador adjunto y director general de Persecución del Ministerio Público, Fernando Quezada, que previamente ya había ordenado al fiscal Pedro Núñez realizar una investigación sobre probables irregularidades en el proceso judicial de este mismo caso.

La nota de la PGR señala que tan pronto tuvo conocimiento de que el 11 de febrero de 2019 se había instrumentado el referido acuerdo parcial, Quezada remitió al fiscal Pedro Núñez un oficio ordenándole realizar «una exhaustiva investigación» para establecer si hubo irregularidades, pesquisa que hasta la fecha no ha concluido.

Precisamente por no haber concluido esa investigación y dado que «los nuevos hechos que terminaron en una tragedia podrían comprometer su responsabilidad», el órgano rector del Ministerio Público dispuso su suspensión en el día de ayer, apunta el comunicado.EFE

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