Acciones coordinadas entre Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y autoridades ambientales clausuran minas sin permisos y eliminan construcciones ilegales en República Dominicana
SANTO DOMINGO (República Dominicana) – La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren) ha llevado a cabo una serie de allanamientos e inspecciones en minas operando de manera irregular en el sector Guaco, La Vega. Estas minas estaban extrayendo, procesando y vendiendo agregados sin los permisos necesarios del Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
Encabezado por el coordinador local de Proedemaren, el procurador fiscal José Luis Farías Mosquea, el operativo resultó en la paralización de las operaciones en las minas D’Sady Truck y Mina Guaco, debido a la extracción ilegal de agregados. Cuatro personas que estaban trabajando en el lugar fueron arrestadas y una máquina retroexcavadora fue secuestrada judicialmente.
Las personas detenidas enfrentarán medidas de coerción en base a los delitos ambientales cometidos. Farías Mosquea enfatizó que el cumplimiento de las regulaciones ambientales es esencial para la protección de los recursos naturales del país.
En otro incidente, en el distrito municipal de Los Quemados, la Proedemaren en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) tomaron medidas en contra de una construcción ilegal en la franja de protección de 30 metros del río Yuna. La estructura, que buscaba ampliar viviendas en la zona, fue eliminada.
El responsable de la construcción ilegal, Franyer de la Cruz, fue arrestado y admitió la responsabilidad de sus acciones ante el Ministerio Público. Aceptó someterse al procedimiento abreviado, que implicó una pena de seis meses de prisión suspendida, así como un año de trabajo comunitario en el Ministerio de Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Durante este periodo, llevará a cabo labores de protección ambiental y la eliminación de escombros y estructuras en la zona afectada.
Estas acciones resaltan el compromiso de las autoridades dominicanas en la protección del medio ambiente y la aplicación de la ley para prevenir actividades ilegales que puedan dañar los recursos naturales del país.
