Santo Domingo, (EFE).- La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional varió este jueves la medida de prisión preventiva que pesaba contra el exministro de Hacienda Donald Guerrero, imputado por pertenecer al supuesto entramado de corrupción desmantelado con la operación Calamar y quien podrá salir de la cárcel bajo fianza.
Los magistrados dispusieron una garantía económica de cinco millones de pesos a través de una empresa aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El tribunal tomó esta decisión porque Guerrero “no presenta peligro de fuga ni ha obstruido la investigación desde que inició hace más de 3 años”, periodo en el que, según destacaron sus abogados defensores, se cumplieron a cabalidad los más de 40 permisos de viaje y 14 citaciones con fines interrogatorios a su representado.
Guerrero cumple 18 meses de prisión preventiva desde el pasado mes de abril en la cárcel de Najayo Hombres, San Cristóbal, donde también ingresó el exministro Administrativo de la Presidencia José Ramón Peralta, los únicos imputados enviados a la cárcel de los veinte detenidos por este caso de corrupción.
En el expediente también figuran el exministro de Obras Públicas y antiguo candidato a la Presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Gonzalo Castillo, el excontralor general de la República Daniel Omar Caamaño y el que fuera director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) Luis Miguel Piccirilo.
Asimismo, el exdirector de Catastro Nacional Claudio Silver Peña y los antiguos directores de Casinos y Juego de Azar Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, así como Yahaira Brito Encarnación, Aldo Antonio Gerbasi y Ramón David Hernández.
La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los procesados incluye conductas tipificadas en la Constitución de la República, el Código Penal, la Ley sobre Soborno en el Comercio y la inversión, la Ley sobre la Declaración Jurada de Patrimonio, la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
El expediente de la Operación Calamar consta de más de 3,000 páginas y más de 1,200 elementos de prueba que detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17,000 millones de pesos al Estado, sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativa que afectó a varias instituciones, entre ellas el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con la acusación.
