Santo Domingo.- El Ministerio Público y el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) realizaron hoy un simposio con el propósito de facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas e iniciativas innovadoras locales, nacionales y regionales en materia de justicia juvenil restaurativa.
Asimismo, para promover el diálogo y ver la posibilidad de adaptación a las leyes dominicanas en esta materia.
Los temas formaron parte de la agenda del primer simposio «Justicia Restaurativa: Transformando el Sistema Penal Juvenil»,
A la apertura del encuentro asistieron el procurador general, Jean Rodríguez; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán; y la oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD, Pura Hernández, según un comunicado de la Procuraduría.
Asimismo, el ministro de Educación, Andrés Navarro; la coordinadora general de la cooperación española en el país, Ana Álvarez, y el representante del Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (Unicef), Eduardo Gallardo.
las instituciones participantes en esta actividad señalaron en el comunicado, que la justicia restaurativa contiene un enfoque que permite restituir los derechos de los victimarios, al enfocarse en la reeducación a través de las medidas socioeducativas, y de las víctimas al permitir que se escuchen sus voces, ya que ofrece los espacios para la búsqueda de acuerdos.
Al intervenir en la apertura del encuentro, Rodríguez dijo que se trabaja para hacer más efectivo el sistema penal juvenil, mediante un plan de humanización y la justicia restaurativa que procura la reparación del daño a las víctimas y la aplicación de sanciones eficaces a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Agregó con más de 500 jóvenes privados de libertad en la República Dominicana actualmente, «los actores del sistema penal juvenil tenemos una gran oportunidad para inclinar la balanza hacia la reinserción y rehabilitación de estos adolescentes».
El comunicado indicó que la Procuraduría cuenta con una Dirección Nacional de Atención Integral de adolescentes en conflicto con la ley, que, a su vez, dispone de una Unidad Coordinadora de Sanciones Alternativas, cuya función es el control y ejecución de las sanciones o medidas alternativas impuestas a los adolescentes por los tribunales de niños, niñas y adolescentes del país.
Dicha unidad maneja una población de 900 adolescentes, de acuerdo con la información.
Entre enero de 2016 hasta abril 2018, según consta en informe de esa unidad, un total de 416 jóvenes han recibido sanciones alternativas, de los cuales 222 son de sexo masculino de 16 a 17 años de edad.
Indicó que de los 416 casos, la tipificación más común son robo agravado que registra 117 casos, drogas (108), golpes y heridas (57), violación sexual (57) y robo simple (34).EFE
