Santo Domingo,(EFE).- El movimiento Marcha Verde dijo que arreciará su lucha para que todos los supuestos culpables de recibir los 92 millones de dólares en sobornos que la constructora brasileña Odebrecht reveló distribuyó en el país, paguen por sus delitos ante la Justicia.
La entidad, además, prometió mantener el campamento que estableció hace nueve días frente a las sedes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de la Procuraduría General de la República (PGR), luego de que esa institución revelara acusaciones formales contra siete personas por el caso de distribución de los sobornos.
«El martes venidero es posible que anunciemos nuevas formas de lucha contra este caso de Odebrecht y el 8 de julio celebraremos un gran concierto con artistas que se han sumado a esta causa contra la corrupción y la impunidad en el país», dijo a Efe Natalia Mármol, una de las portavoces del movimiento.
La dirigente reiteró que el campamento se mantendrá de manera permanente y estimó que, por el momento, no ve indicio alguno de que las autoridades se apresten a intentar desalojarlos del lugar.
«Cada día recibimos, en el campamento, el apoyo de diversos sectores de la sociedad civil, así como de personas de diversos ámbitos, profesionales, oficios y hasta de jubilados, todos cansados de la impunidad en República Dominicana», agregó Mármol.
Destacó que al caer la tarde de este sábado el campamento organizará un evento artístico bautizado «Vacas Sagradas», donde denunciarán a las personas que supuestamente deberían también figurar dentro del expediente de sobornos que presentó la Procuraduría la semana pasada.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, dio a conocer en una rueda de prensa televisada que el organismo presentaba acusaciones de lavado de activos, sobornos, enriquecimiento ilícito y falsedad en escrita pública contra siete personas.
Ese grupo lo integran, el senador del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán; el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa; el exdirector senador y exdiputado Roberto Rodríguez; los expresidentes del Senado Andrés Bautista García y Jesús Vásquez; el abogado Conrado Pittaluga, y el empresario Ángel Rondón, este último señalado como el receptor y distribuir de los sobornos.
Sin embargo, Marcha Verde y amplios sectores de la sociedad civil local, han cuestionado que el Ministerio Público haya reducido a siete los acusados, cuando el año pasado incriminó y pidió medidas de coerción contra 14 supuestos responsables de los pagos irregulares que hizo la multinacional brasileña.
Entre quienes sus expedientes fueron archivados «provisionalmente», como dijo Rodríguez, figuran el exministro de Industria y Comercio Temístocles Montás; el senador oficialista Julio César Valentín y el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales Radhamés Segura, los tres miembros del influyente comité político del partido oficialista.
Odebrecht admitió el año pasado que repartió 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014 para adjudicarse la construcción de millonarias infraestructuras públicas en República Dominicana.
La firma brasileña alcanzó un acuerdo con la Procuraduría dominicana, mediante el cual se compromete a devolver 184 millones de dólares al país, justo el doble del monto de los sobornos.
Este viernes, el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, fue designado por ese organismo para conocer el voluminoso expediente presentado por la Procuraduría. El magistrado deberá fijar fecha para inicio del proceso. EFE
