Santo Domingo.- La Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Claudia Franchesca de los Santos, advirtió hoy de que la entidad «adoptará todas las medidas necesarias para prevenir y combatir la discriminación que ocurra en el sector del transporte».
De este modo, y mediante un comunicado de prensa, la responsable de la institución responde a la decisión de la Confederación Nacional de Confederaciones del Transporte (Conatra) de prohibir el servicio a haitianos, sin importar su estatus migratorio, bajo el argumento de que no quiere «inconvenientes» con las autoridades.
La medida, que ya ha recibido críticas por ser discriminatoria y abusiva, fue anunciada ayer en Twitter por el presidente del colectivo, Antonio Marte, que justificó la medida en el hecho de que diez de sus autobuses están retenidos por las autoridades desde hace meses por llevar a pasajeros haitianos indocumentados.
De los Santos afirmó que todos los ciudadanos, sin importar que sean dominicanos o extranjeros, «tienen el mismo derecho a transportarse de manera segura y sin discriminación», y que negar el servicio de transporte público a cualquier persona constituye una violación de la Constitución del país y de otras normativas.
«República Dominicana es un país democrático en el que todos los ciudadanos gozan las libertades consagradas en la Constitución y las leyes y una de esas es el libre tránsito, por lo que quienes incurran en ese tipo de violación asumen las consecuencias establecidas», afirmó.
Asimismo, manifestó que el Gobierno «jamás permitirá una acción similar», que coarta el derecho de los ciudadano a moverse libremente, ya que, como indica la ley, «el servicio público de transporte de pasajeros deberá ser prestado sin discriminación a las personas que lo requieran».
Recordó que la Ley faculta al Intrant a establecer «las sanciones administrativas correspondientes a los operadores ante la violación de cualquiera de sus artículos» y anunció que la entidad «adoptará todas las medidas necesarias para prevenir y combatir la discriminación que ocurra en el sector.»
El del transporte es un servicio público que el Estado concede a particulares y se debe ofrecer a la ciudadanía «sin discriminación por razones de ningún tipo»; de lo contrario, dichas concesiones «pueden ser revocadas y reasignadas a otras empresas que no incurran en prácticas prohibidas por la Constitución y las leyes», apuntó.
La funcionaria afirmó que la política nacional de transporte terrestre atiende las garantías de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas, no solo en su calidad de conductores, sino también de pasajeros, en todos los ámbitos regulados por la Ley 63-17.EFE
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